Cuando volvemos la mirada hacia los años noventa y recordamos las expectativas optimistas que se tenían sobre el desarrollo del estado de Chihuahua y, en particular de Ciudad Juárez y su municipio, no dejamos de lamentar que, a pesar de la expansión económica que vivimos en todos estos años, en realidad, no hemos vivido en paz

Como en pocas regiones de la República, tuvimos un crecimiento excepcional. En los grandes y medianos centros urbanos de Chihuahua se crearon centenas de miles empleos formales y en las zonas rurales la apertura comercial favoreció un crecimiento casi ilimitado de cultivos comerciales como el nogal, la manzana y otros cultivos de alto valor.

Incluso la ganadería fue un gran negocio; pero esa prosperidad de las grandes y pequeñas empresas, que, desde luego, también se extendió al comercio, transporte y a las operaciones logísticas no fue suficiente para darnos el bienestar, la paz y tranquilidad que todos que los juarenses anhelábamos para nuestras familias.

¿Qué nos pasó?

¿Por qué una prosperidad material tan extraordinaria no fue suficiente?

Sin ser exhaustivo voy a proponer tres razones que a mi parecer explican la abierta insatisfacción que tenemos frente a este largo proceso que se extiende por más de 35 años.

La primera es muy clara.

Entre 1990 y 2018 tres gobiernos federales del PRI y dos del PAN practicaron una absurda política de desprecio a los trabajadores que desvalorizó su salario, sus prestaciones sociales y el gasto público destinado a la atención de las personas vulnerables.

El resultado fue catastrófico: la inmensa mayoría de los trabajadores formales y sus familias sufrieron una pobreza por demás injusta; las personas vulnerables no tuvieron apoyos significativos y la desigualdad entre quienes sólo dependían de su trabajo y quienes lo hacían de sus negocios se amplió como nunca.

La segunda es también evidente. No se puede vivir en paz si desde el año 2007, cuando Calderon declaró su guerra a los carteles de la droga, hemos sido el estado que ha acumulado el mayor número de homicidio dolosos en México y la incidencia de los delitos graves que comprenden asesinatos, feminicidios y secuestros ha tenido niveles que nos ubican entre las zonas más violentas del mundo.

Pero aquí cabe hacer una precisión: un fenómeno que muestra la crudeza de este círculo de violencia es que la frecuencia con la que ocurre es muy desigual, desde cualquier lado que la observemos.

Relativamente, muere más gente en Juárez por este motivo, más hombres, más jóvenes humildes y aún muchos más jóvenes que habitan en los barrios pobres, hijos de padres que nunca tuvieron las condiciones para cuidarlos y protegerlos de las consecuencias de un sistema social en proceso de descomposición.

Pero hay algo más que debemos reconocer: ocho años de un cambio radical de política laboral y social que han reducido significativamente la pobreza y desigualdad en México y notablemente en Chihuahua, tampoco han sido suficientes para reducir la criminalidad, ni en Juárez ni en el estado entero.

Los indicadores recientes son preocupantes: durante el periodo 2018-2025 Chihuahua se ha mantenido entre los cinco estados con mayores niveles de mortalidad asociada a homicidios dolosos y lo más lamentable es que en el caso de nuestra ciudad fronteriza los registros internacionales la siguen considerando entre las 20 más violentas del mundo.

En Juárez, la información disponible nos muestra cómo la violencia presenta enormes diferencias entre los grupos sociales. Mientras la tasa de defunciones dolosas de 2024, medida sobre la base de 100 mil habitantes fue de 80; considerando el mismo referente, la de hombres llegó a 143, y la de hombres (adultos-jóvenes), de entre 20 y 39 años, se elevó a la inaceptable cifra de 263 por cada 100 mil personas.

Por decir lo menos: esto es doloroso. No podemos seguir viviendo en una comunidad en la que cada año una proporción tan elevada de nuestros jóvenes está expuesto a ser víctima fatal de la violencia.

Pero no es todo: hay estudios como los realizados por la FICOSEC cuyos hallazgos revelan que esta epidemia de muerte y dolor afecta, aún con mayor severidad, a los adolescentes y jóvenes que residen en las colonias y barrios más pobres de la ciudad.

Al punto que podría sostenerse que, si no hacemos nada para evitarlo, a lo largo de la siguiente década (2027-2037), será altamente probable que en estas colonias más del 10 por ciento de sus jóvenes perezca por causas violentas.

La tercera razón tiene más que ver con la incapacidad de los gobiernos locales para lidiar con los problemas que son de su competencia.

En Juárez tenemos de mejor ejemplo: somos una ciudad que vive una crisis urbana profunda y permanente, causada por los efectos colaterales de un crecimiento urbano acelerado, pero principalmente por una gestión irresponsable e interesada del patrimonio municipal integrado por el mercado de tierra urbana.

La mala administración de nuestra expansión territorial es histórica y centenaria. Desde los años veinte del siglo pasado han abundado planes, proyectos y programas para regular y orientar el crecimiento de la ciudad, incluso desde los años noventa funciona un Instituto Municipal de Planeación (IMIP), pero sus propuestas siempre han sido contrariadas por las palpitantes ambiciones de los alcaldes y sus cabildos.

El resultado está a la vista: sin ninguna duda somos la única ciudad de México que desde hace 25 años mantiene su centro histórico en ruinas.

Vivimos bajo la paradójica situación de tener decenas de miles de viviendas abandonadas, mientras un número equivalente de familias carece de un techo digno donde habitar.

Pero, acaso lo peor lo tenemos en que, siendo una plaza donde cientos de miles de obreros precisan desplazarse cotidiana y puntualmente a sus trabajos, nuestro sistema de movilidad está al borde de la parálisis, con un transporte público en la práctica, escaso y deficiente.

Por mi parte estoy convencido que estos tres problemas que he mencionado explican gran parte del desencanto que mantenemos frente al desarrollo de nuestra comunidad.

La reforma laboral y los programas sociales que el gobierno de López Obrador introdujo desde el primer día de su gobierno y que la presidenta Sheinbaum ha sostenido representaron una oportunidad para avanzar.

Tanto en el estado como en Juárez la pobreza y la desigualdad se redujeron significativamente, pero como lo comenté la incidencia de los delitos graves no cedió.

Para toda los juarenses es visible que la ciudad vive un deterioro tan profundo de su infraestructura y de sus servicios urbanos que no aceptamos merecer, porque en estos últimos años los gobiernos municipales tuvieron presupuestos excepcionalmente elevados y una oportunidad de oro para gestionar mayores apoyos extraordinarios, lo mismo del gobierno estatal que del federal, pero desafortunadamente nada de esto ocurrió y hoy, en este verano de 2026, además de los dos problemas señalados, enfrentamos el riesgo de que la pérdida de empleos en el sector de la industria maquiladora provoque una recesión que pueda difundirse a otros sectores de la economía de la ciudad.

Ante esta situación es urgente buscar alternativas.

En el plano material nuestra mayor fortaleza la tenemos en la experiencia de los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, sus capacidades técnicas, sus habilidades y su dedicación probada al trabajo por casi seis décadas son incomparables y creo que en este capital tenemos la mayor de nuestras fortalezas.

Pero también tenemos una legión de jóvenes formándose en nuestras instituciones de educación superior, atendido por un personal académico cada día mejor capacitado y en ello tenemos la reserva de talento para mantener la competitividad y solvencia de nuestros futuros empresarios, profesionistas y de nuestras trabajadoras y trabajadores.

Podría seguir, pero me detengo para comentar que para garantizar un proceso de desarrollo armónico necesitamos no volver a cometer el error de rematar el valor del trabajo. Tenemos que mantenerlo, por lo menos, en su nivel actual para que nuestro futuro sea viable; porque la prosperidad de los negocios no deberá fincarse en la pobreza de sus trabajadores.

En lo que corresponde a nuestros problemas de seguridad necesitamos también generar un acuerdo que lleve a toda la comunidad a comprometerse a tener como principal meta de desarrollo una reducción inmediata de los homicidios dolosos. Debemos aprender que el futuro de esta ciudad debe estar indisolublemente ligado a nuestra capacidad para garantizar una larga esperanza de vida a las nuevas generaciones, con independencia de su género, edad, condición social o barrio de residencia.

Y el tercer acuerdo es más sencillo: para reorganizar nuestro modelo de expansión y desarrollo urbano lo único que necesitamos es que los gobiernos locales actúen con honestidad, que la administración y gestión de la tierra urbana y de todos los bienes y servicios públicos de la ciudad la lleven a cabo autoridades probadamente honradas y honestas.

Cumpliendo con estos tres acuerdos básicos la ciudad tendría prosperidad, seguridad y la certeza de contar con un gobierno capaz de fortalecer el orgullo de ser, de vivir y de trabajar para que en Juárez y Chihuahua prevalezca un desarrollo compartido y solidario.