Desde la sociedad, la evaluación del trabajo de los gobernantes se puede efectuar de múltiples formas, pero entre las más conocidas se identifican dos. Una es la evaluación ciudadana que se concentra en las dualidades de aprueba/desaprueba para ubicarse como termómetro de lo popular. Otra es la evaluación de líderes (de las esferas productivas, sociales y políticas) y expertos (académicos y especialistas) relacionados directamente por la persona evaluada.
El primer tipo de evaluación persigue de común fines políticos; es el que se práctica en México en forma extendida. El segundo, que sigue un corte profesional tipo evaluación 360°, rara vez se practica en México. Sino es que es ajena; particularmente en el mundo de gobierno.
Esto último es lamentable. Una evaluación 360° genera información valiosísima sobre el desempeño en el trabajo de la persona de interés en la medida que reúne, confronta y analiza las opiniones de “quienes saben”, viven o se han visto afectados por su toma de acciones y decisiones. Estructurada como información para la mejora continua, el flujo de datos 360° permite consolidar estrategias, equipos y recursos, ajustando siempre lo necesario.
De forma que un gobierno que se rodea de encuestas de aprobación/desaprobación, sin extraer de ellas otros beneficios, afianza su carácter de gobierno para el aplauso del graderío, la conquista de la próxima elección, y/o el desvelo del poder (controlador) por el poder mismo. En cambio, un gobierno ocupado en reunir evaluaciones tipo 360° y/o similares, afianza su trabajo dirigido a ser más eficiente y rendir mejores cuentas.
Lo anterior no elimina la utilidad que puedan tener las encuestas. Desde ellas sabemos ahora que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum mantiene un elevado nivel de aprobación (de alrededor del 68.4% de acuerdo con Mitofsky). Sabemos también que esta aprobación es muy superior a la que mantienen los gobernantes de los estados. Esta, de acuerdo también con Mitofsky, promedia un 52% —lo que incluye 14 gobernadores cuya aprobación es inferior a ese promedio, y cuatro que se arrastran de 40% para abajo: David Monreal, Zacatecas; Javier May, Tabasco; Rocio Nahle, Veracruz; y Evelyn salgado, Guerrero—.
Siguiendo las encuestas podemos saber también que la calificación aprobatoria a la labor de los funcionarios del gabinete legal y ampliado de la presidenta es deplorable. Omar García Harfuch (Seguridad Pública) y Marcelo Ebrard (Economía), los mejor posicionados, aparecen con notas rondando el 49% (encuestas de México Elige). Pero de ahí hacía abajo el descenso es dramático. Tanto como 33 funcionarios no logran reconocimiento ni de un tercio de la población. Al secretario de Educación lo aprueba 21%; a la de Gobernación 26.6%; al del Trabajo 27.6%, por mencionar algunos casos paradigmáticos por lo que revelan.
Esta información que podría aprovecharse para determinar movimientos, promociones y demociones, en el equipo de trabajo mayor de la presidenta, queda marginalizada y constreñida por la agenda política.
Del otro lado, una evaluación poco común en equivalencias tipo 360° sobre un funcionario de gobierno se puede ubicar en el caso del director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, quien ocupa el cargo desde su creación y que en julio vence su periodo.
Desde hace semanas se vienen agregando voces que ponderan su trabajo de forma tal que piden su ratificación para continuar al frente del CFCRL por otro periodo: Desde centrales sindicales tradicionales y emergentes, corporativas e independientes, hasta colegios de abogados laboralistas –empresariales y sindicales-, así como frentes de confluencia de especialistas, promotores, activistas y académicos de los derechos del trabajo –como el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Del lado de las centrales empresariales, si bien su postura ha sido cauta como acostumbra, entidades cúpula como Coparmex han hecho pública su ponderación positiva de la labor del CFCRL en estos años para el destino último de la reforma laboral. Esto es la negociación y la conciliación de las partes, medula del nuevo modelo laboral que se intenta introducir en el país.
El tema es que, así como las encuestas de aprobación/desaprobación no tienen de común un uso más que político, las voces 360° como las previas tampoco parecen pesar pues, al menos hasta ahora, no se ha acusado impacto alguno sobre la posible ratificación de Dominguez Marrufo en el cargo.
He aquí otra de las tantas paradojas sobre las que transita incólume el gobierno de México y que lastiman su eficiencia. Deletreemos el hecho por su significancia: Una gama de funcionarios viven y sobrevienen en la función pública a pesar de la desaprobación en masa de la opinión pública sobre su labor. Otros pocos, como el director del CFCRL, pueden ser desplazados a pesar de que las voces 360° indican la pertinencia de mantenerlo en su función.