México registra un aumento en delitos relacionados con el patrimonio inmobiliario, entre ellos despojo, invasión de propiedades, ventas fraudulentas y falsificación de documentos, alertaron especialistas en seguridad jurídica.
Los casos se han detectado con mayor frecuencia en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo, donde propietarios, compradores de buena fe e inversionistas han sido afectados por esquemas que buscan apropiarse de inmuebles o comercializarlos sin autorización.
De acuerdo con Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas., este fenómeno dejó de ser visto como una serie de hechos aislados y comenzó a presentarse como un esquema más organizado, en el que se identifican propiedades vulnerables, se falsifican documentos, se suplantan identidades y se realizan movimientos ante autoridades registrales para dar apariencia legal a operaciones irregulares.
Despojo de inmuebles ya no es solo un conflicto civil
Uno de los principales riesgos para las víctimas es considerar que estos casos únicamente deben resolverse por la vía civil, cuando algunas conductas pueden configurar delitos patrimoniales con penas de prisión.
El despojo se presenta cuando una persona es privada de la posesión de un inmueble mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de derecho. En estos casos, el daño puede avanzar con rapidez si la víctima no denuncia de manera inmediata ante la autoridad competente.
Especialistas advierten que los grupos dedicados a este tipo de prácticas suelen aprovechar inmuebles abandonados, propiedades intestadas, casas con dueños ausentes, predios en disputa o bienes cuyos titulares no revisan con frecuencia su situación registral.
Escrituras falsas, ventas dobles y suplantación de identidad
Entre las prácticas más comunes se encuentran la venta de un mismo inmueble a varios compradores, la comercialización de propiedades ajenas, la creación de gravámenes ficticios y la elaboración de escrituras, poderes notariales o actas apócrifas.
La falsificación de documentos públicos o privados es una de las herramientas más utilizadas para intentar dar legalidad a operaciones fraudulentas. También se han detectado casos de suplantación de identidad ante notarías, registros públicos o compradores que no verifican de forma suficiente la situación jurídica del bien.
Además, el abuso de confianza puede actualizarse cuando una persona que administra, custodia o tiene bajo su control un bien lo utiliza en beneficio propio o de terceros. Si estas acciones son realizadas por tres o más personas de forma coordinada, también puede investigarse la posible asociación delictuosa.
“Estamos ante una epidemia de delitos patrimoniales que destruye familias y arruina inversiones de años. Lo que muchas víctimas no saben es que detrás de un contrato apócrifo, una invasión o una venta fraudulenta hay delitos graves con penas de prisión”, explicó la abogada penalista.
Señales de alerta ante un posible fraude inmobiliario
Valencia González recomiendan poner atención a inconsistencias en sellos, firmas, fechas o datos de escrituras, así como a presiones para cerrar operaciones fuera de notaría o sin inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
También deben encender alertas las reclamaciones de terceros sobre derechos de propiedad desconocidos por el dueño, cambios registrales sin consentimiento del titular, adeudos no reconocidos, gravámenes inesperados o contratos con información incompleta.
Ante cualquiera de estos indicios, la recomendación es no negociar de manera informal ni esperar a que el conflicto avance. La denuncia penal inmediata puede ayudar a frenar actos fraudulentos, solicitar medidas precautorias sobre el inmueble y abrir una investigación para identificar a los responsables.
La boagada señalan que actuar con rapidez puede ser clave para evitar que una invasión, una venta falsa o una escritura apócrifa termine en la pérdida definitiva de una propiedad.