La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con la geolocalización de más de siete mil pozos clandestinos; sin embargo, la falta de coordinación interinstitucional que existe entre esta dependencia y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que no cuenta con la capacidad necesaria para supervisar la extracción de agua en tiempo real, además de la opacidad por parte de los gobiernos que no se atreven a cerrar los pozos por los grandes propietarios, mantienen en riesgo de quedarse en ceros al menos tres de los acuíferos de la entidad, indicó el exlíder de El Barzón e investigador, Martín Solís Bustamante, quien aseguró que la extracción ilegal de agua también contribuye a los recientes apagones de electricidad.
Solís afirmó que la sobreexplotación de los acuíferos en Chihuahua supera ya el doble de su capacidad de recarga natural. Explicó que cada año el estado recibe una recarga cercana a los tres mil millones de metros cúbicos de agua subterránea, pero la extracción alcanza aproximadamente seis mil 200 millones de metros cúbicos (Mm3), situación que atribuyó tanto a concesiones insuficientemente vigiladas como a miles de pozos que operan fuera de la ley.
El investigador sostuvo que uno de los principales problemas radica en la ausencia de medición en tiempo real de los volúmenes extraídos. Aunque los pozos deben contar con medidores volumétricos, dijo que la Conagua carece del personal necesario para supervisar alrededor de 130 mil pozos agrícolas que existen en el país, lo que permite que numerosos productores extraigan cantidades muy superiores a las autorizadas en sus títulos de concesión.
Precisó que cuenta con un registro de alrededor de dos mil 300 pozos que operaban sin concesión antes de junio de 2013 y cuya ubicación geográfica tiene plenamente identificada. A esa cifra, añadió, deben sumarse aproximadamente otros cinco mil pozos perforados después de que entró en vigor la suspensión del libre alumbramiento decretada ese mismo año, cuando ya no podían abrirse nuevos aprovechamientos sin autorización federal.
Recordó que el decreto publicado en 2013 obligó a la Conagua a ordenar los acuíferos y establecer límites claros de extracción conforme a su capacidad de recarga. Sin embargo, aseguró que ese ordenamiento nunca ocurrió y, 13 años después, los acuíferos continúan sin una regulación efectiva que determine cuánta agua puede extraerse de manera sustentable.
A juicio de Solís, la falta de control permitió que productores con concesiones para determinados volúmenes instalaran equipos de bombeo mucho más potentes y ampliaran las superficies agrícolas, principalmente con cultivos de nogal, alfalfa y algodón, que demandan grandes cantidades de agua.
Apuntó que el fenómeno resulta especialmente grave en municipios del norte del estado como Ahumada, Buenaventura y Ascensión, donde predominan las zonas desérticas y, aun así, concentran decenas de miles de hectáreas bajo riego por bombeo.
El investigador afirmó que todos los pozos ilegales requieren energía eléctrica para operar y, al no contar con contratos de suministro, obtienen el servicio mediante conexiones irregulares. Aseguró que la CFE tiene plenamente identificadas esas tomas porque conoce la ubicación de los puntos donde existe consumo sin contrato.
Añadió que esa situación también explica parte de los apagones registrados recientemente en Chihuahua, Ciudad Juárez, Ojinaga y Casas Grandes. Explicó que la infraestructura eléctrica no fue diseñada para abastecer la demanda adicional generada por miles de pozos clandestinos, mientras que otros usuarios legales incrementaron considerablemente la potencia de sus motores sin actualizar los contratos de suministro eléctrico.
Solís comentó que entre 2013 y la actualidad la propia CFE construyó al menos 15 subestaciones eléctricas en zonas donde ya existía la suspensión del libre alumbramiento, entre ellas Laguna de Encinillas, Nueva Holanda, Oasis, Tres Hermanos, El Trébol, Gavilán, La Palma, Las Cuatas, Valle de la Esperanza, La Salada, Vado Santa María, Monteverde, Campo 108, Subestación Menonita, Ruiz Cortés y Campo 73.
Según explicó, cuando esas obras fueron proyectadas contemplaban abastecer un número reducido de aprovechamientos; sin embargo, al concluirse ya existían cientos de pozos adicionales en cada región, muchos de ellos ilegales.
El exdirigente de El Barzón advirtió que los acuíferos de Los Juncos, Ascensión, Buenaventura-Galeana, Santa María, Sacramento y El Sauz presentan algunos de los niveles más preocupantes de sobreexplotación. En particular, alertó que el acuífero El Sauz-Sacramento pone en riesgo el abastecimiento de agua para la ciudad de Chihuahua debido al crecimiento de la agricultura de riego en esa zona.
El Diario
30 Jun, 2026 11:46
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