Estados Unidos no solo puso la lupa sobre el narcotráfico en México, ahora apunta a la forma en que la venta ilegal de combustible, mejor conocido como huachicol, habría cruzado la frontera y se convirtió en una fuente millonaria para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas por presuntamente participar en una red de robo y contrabando de combustible vinculada al CJNG, mediante empresas fachada, documentos aduanales falsificados y evasión de impuestos mexicanos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el esquema funcionaba con una estructura empresarial aparentemente legal que permitía mover combustible entre Estados Unidos y México.
La red habría utilizado compañías fantasma, documentación aduanal presuntamente alterada y operaciones transfronterizas para introducir combustible a México, evadir impuestos y generar recursos para el CJNG.
El caso llamó la atención de Washington porque no se trataba de una operación menor, según el Tesoro, estos esquemas podían generar decenas de millones de dólares al año para el grupo criminal.
En acciones previas, el gobierno estadounidense ya había advertido que el CJNG recurrió al robo de combustible y al contrabando de petróleo como una fuente de financiamiento criminal, además del tráfico de drogas.
¿Por qué puede sancionar EE. UU.?
Pese a ser un delito que afecta principalmente a México, la injerencia de la justicia estadounidense ocurre porque el caso involucra operaciones financieras, empresas, comercio transfronterizo y posibles impactos en el sistema financiero de Estados Unidos.
La OFAC, oficina del Tesoro encargada de sanciones, puede bloquear bienes e intereses de personas o empresas designadas cuando estén bajo jurisdicción estadounidense.
Además, las personas y compañías de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con quienes aparezcan en la lista de sancionados.
¿Qué papel tiene México?
El gobierno estadounidense informó que la acción fue coordinada con agencias como la DEA, FBI, HSI, IRS-CI y CBP, además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
No obstante, esto no significa una sentencia penal en México, sino una medida financiera de Estados Unidos.
Esto implica que las acusaciones deberán probarse ante las autoridades correspondientes si derivan en procesos judiciales.