Con aprecio a mi amigo Juan García.
El 15 de junio pasado, el Banco de México (Banxico) emitió una circular en la que establece un procedimiento de subastas para la compra, en el mercado secundario, de Bonos de Regulación Monetaria y valores gubernamentales como una herramienta adicional para la aplicación de la política monetaria.
A pesar de que la Ley faculta a este banco central para operar con valores gubernamentales con propósitos de regulación monetaria, la nueva disposición generó desconcierto entre muchos analistas y comentaristas, expresado en temores e incluso críticas de que, con estas subastas, el Banxico estaría poniendo en peligro su autonomía y su objetivo prioritario de estabilidad de precios.
La confusión parece haber provenido principalmente del desconocimiento, natural entre el público no experto, sobre la forma en que se instrumenta la política monetaria, la cual, como ocurre en cualquier banco central, es una labor que conlleva cierta complejidad.
La política monetaria del Banxico toma como punto de partida el objetivo para la tasa de interés de referencia interbancaria a un día, que en cada reunión de política monetaria establece la Junta de Gobierno (JG). Se espera que la postura monetaria opere a través de diferentes canales para llevar la inflación a la meta del Banxico.
El objetivo para la tasa de referencia no se alcanza por decreto. Su instrumentación requiere regular la liquidez del sistema financiero para que la tasa efectiva se ubique suficientemente cerca del objetivo establecido por la JG. En términos generales, esta tarea se sustenta en dos pilares.
Primero, un Depósito de Regulación Monetaria (DRM), que consiste en depósitos obligatorios que los bancos comerciales mantienen en el Banxico por un monto fijo y a plazo indefinido, remunerado a la tasa de interés objetivo. En los años recientes, este monto se ha incrementado en varias ocasiones, excepto durante la pandemia, cuando se redujo. El efecto principal del DRM es dejar “corto” al sistema bancario, es decir, con necesidades permanentes de acudir al banco central para solicitar liquidez.
Segundo, las Operaciones de Mercado Abierto (OMA), que agrupan diversas medidas mediante las cuales el Banxico utiliza su posición acreedora frente a los bancos para retirar el exceso o proveer el faltante de liquidez y, de esta manera, influir en la tasa de interés interbancaria a un día.
Actualmente, este banco central utiliza tres tipos de OMA. El principal, que además es el cotidiano, consiste en subastas de liquidez, mediante las cuales el Banxico presta recursos a los bancos a cambio de garantías, y en subastas de depósito, en las que los bancos depositan liquidez en el Banxico. La tasa de referencia opera como piso en las subastas de liquidez y como techo en las de depósito.
Los otros dos tipos de OMA son esporádicos y contribuyen a mantener un nivel de liquidez consistente con el objetivo para la tasa de interés. Uno son las permutas de regulación monetaria, en las que el Banxico propicia la reducción de la liquidez ofreciendo títulos gubernamentales de largo plazo a cambio de títulos de próximo vencimiento, o el aumento de la liquidez mediante el intercambio inverso.
El otro consiste en las subastas de colocación de valores a cargo del Gobierno Federal para retirar liquidez. El Banxico utiliza Cetes y Bondes con tasa flotante referida a la de corto plazo para influir en esta última. La nueva facilidad consiste simplemente en el espejo de esta operación, que permitirá aumentar la liquidez utilizando los mismos instrumentos.
Las compras de valores gubernamentales por parte del Banxico no implicarán financiamiento para el gobierno, porque se realizarán en el mercado secundario y, por ende, el gobierno no recibirá recurso alguno. Tampoco están destinadas a efectuar un “relajamiento cuantitativo”, como los programas de compras masivas de activos financieros emprendidos por algunos bancos centrales para influir directamente en las tasas de interés de largo plazo. Además, cualquier intento de desviación respecto del objetivo de regulación monetaria quedaría evidenciado en los detalles del estado de cuenta que semanalmente publica este banco central.
Dadas las condiciones anteriores, la responsabilidad última de la confusión sobre la reciente circular reside en el propio Banxico. Una disposición de esta naturaleza debería haber estado acompañada de una comunicación institucional clara que ayudara al público a comprender el propósito de la nueva herramienta.
La desconfianza respecto de los fines de la circular constituye una llamada de alerta para la credibilidad del Banxico. El comunicado oficial publicado dos semanas después pone de manifiesto importantes áreas de oportunidad para mejorar la comunicación de este instituto central.