La instrucción del conocido como caso FP, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2021-2023, entra en una fase especialmente sensible tras las últimas declaraciones judiciales. Varios directores de centros han reconocido, según fuentes consultadas por El País, que el sistema de trocear contratos menores para adjudicar obras habría sido una práctica extendida, aunque alegan desconocimiento técnico sobre su posible ilegalidad.

Las diligencias apuntan a una operativa repetida: dividir proyectos de reforma en facturas inferiores al umbral legal para contratos menores —en torno a los 40.000 euros— y así evitar los procedimientos de licitación pública. Una mecánica que, según la investigación, habría permitido concentrar encargos en determinadas empresas, entre ellas la constructora Virelec, vinculada al empresario Gabriel Navarro, uno de los investigados en la causa.

En este contexto, los testimonios recabados en sede judicial muestran un patrón que se repite con matices: directores de centros que aseguran haber actuado siguiendo indicaciones externas, sin formación específica en contratación pública y sin conciencia de estar fragmentando contratos. Sin embargo, las auditorías internas remitidas al juzgado por la propia administración autonómica describen una realidad distinta, en la que se habrían eludido procedimientos administrativos obligatorios.

Un patrón repetido en los centros educativos

Según las fuentes consultadas por el diario antes mencionado, la coincidencia entre los distintos testimonios es significativa. Directores de al menos una decena de centros habrían descrito dinámicas similares: obras urgentes en verano, llegada de empresas ya “asignadas” informalmente y facturación por partes de un mismo proyecto. En varios casos, los responsables de los centros aseguran que interpretaron estas prácticas como contratos independientes y no como un fraccionamiento artificial del gasto público.

Uno de los aspectos más llamativos que recogen las declaraciones es la intervención directa de intermediarios administrativos. En algunos testimonios se menciona a altos cargos de la Consejería de Educación en el periodo investigado, como Alfonso Mateos, a quien se atribuye la coordinación de contactos entre centros y empresas adjudicatarias.

La defensa de los directores y el papel de las empresas

Los directores investigados insisten en que su papel fue meramente operativo. Alegan que las decisiones sobre adjudicación y financiación venían determinadas desde instancias superiores y que su margen de maniobra era limitado. En varios casos, relatan incluso situaciones de presión para agilizar pagos o continuar con obras ya iniciadas pese a discrepancias sobre su ejecución.

En paralelo, el empresario Gabriel Navarro habría descrito en sede judicial una veintena de centros en los que se habría utilizado una dinámica similar de contratación, siempre bajo la fórmula de trabajos fragmentados y facturación progresiva. Estas prácticas, según su versión, eran conocidas y aceptadas por las partes implicadas en la gestión.

Consecuencias judiciales y políticas

Las auditorías incorporadas a la causa son especialmente relevantes porque proceden de la propia administración regional. En ellas se concluye que se detectaron gastos tramitados como contratos menores que superaban los límites legales y que existió un posible fraccionamiento del objeto contractual para evitar procedimientos de licitación. El informe apunta directamente a la Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio, uno de los principales perfiles del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en ese periodo.

La jueza instructora ya ha advertido de la posible existencia de una infracción penal de prevaricación administrativa, mientras que la Fiscalía ha hablado de una “omisión grosera del procedimiento”. Sin embargo, el avance de las declaraciones introduce ahora un matiz relevante: la extensión del sistema podría diluir responsabilidades individuales y abrir una estrategia de defensa basada en la práctica generalizada.

En términos políticos, el caso FP amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial de largo recorrido para el Ejecutivo madrileño. Más allá de las responsabilidades penales, el foco se desplaza hacia la gestión interna de los contratos públicos y el control administrativo de las obras en centros educativos, un terreno especialmente sensible por su impacto directo en la comunidad escolar y el uso de fondos públicos. @mundiario