Querétaro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura aprobó, con 14 votos a favor y 9 en contra, la minuta que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir la intervención extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones.
La reforma busca que el financiamiento externo, los ciberataques, las campañas de desinformación coordinadas o las presiones diplomáticas puedan valorarse como violaciones graves al proceso electoral.
Con la adición, el Tribunal Electoral tendría base constitucional expresa para determinar, caso por caso, si la injerencia externa afectó de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.
El debate dividió al Pleno. La diputada Adriana Meza anticipó su voto en contra al considerar que la reforma no define con precisión cómo debe entenderse la nueva causal ni fija criterios claros.
En la misma línea, la legisladora Teresita Calzada calificó la redacción de ambigua y advirtió un posible uso político: señaló que, si en 2027 los resultados no favorecen al partido en el poder, la disposición podría convertirse en una herramienta a su favor.
La diputada Juliana Hernández sostuvo que la reforma tiene una tendencia autoritaria y que genera incertidumbre jurídica en las instituciones.
El diputado Guillermo Vega adelantó el voto en contra de su grupo con otro argumento: dijo que el decreto castiga el uso de dinero extranjero, pero no incorpora como causal el financiamiento del narcotráfico.
Desde el respaldo, la diputada Claudia Díaz afirmó que la iniciativa fortalece la protección de la soberanía popular y la independencia de los procesos democráticos.
El diputado Arturo Maximiliano García aclaró que la causal ya está vigente en la Constitución federal y que uno de sus supuestos centrales es la determinancia, es decir, acreditar que la intervención fue decisiva para variar el resultado de una elección.
El diputado Homero Barrera razonó que la medida elimina una laguna técnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante ese tipo de intervenciones.
La legisladora Laura Andrea Tovar planteó que la soberanía implica que las decisiones las tomen los mexicanos sin imposición de otros países, mientras que el legislador Eric Silva vinculó el tema con la explotación del agua por parte de empresarios extranjeros en el estado.