El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela hace una semana ha consolidado la peor tragedia humanitaria de la nación en el último siglo. El balance oficial sitúa ya en 2.295 el número de víctimas mortales, mientras las calles reflejan una profunda desconexión entre el sufrimiento de la ciudadanía y la parálisis de la respuesta geopolítica internacional.

A pesar del colapso de las infraestructuras y las denuncias sobre favoritismos en las labores de salvamento, la estrategia de los actores externos clave, particularmente de Estados Unidos, muestra una prioridad inquebrantable por la estabilidad de los marcos institucionales vigentes, blindando de facto la continuidad de la gestión del Gobierno interino ante la crisis.

Los datos proporcionados por las autoridades legislativas confirman la magnitud del desastre a través de un balance oficial que detalla el impacto humano de los seísmos. Hasta la fecha, se registran oficialmente 2.295 víctimas mortales y 11.267 personas con lesiones de diversa consideración. Ante esta emergencia, el sistema de salud ha atendido a un total de 17.026 pacientes en los centros hospitalarios, de los cuales 4.565 permanecen hospitalizados y 13.942 ya han recibido el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Los datos provistos por los organismos internacionales reflejan la severidad de los daños materiales y sociales causados por el desastre. Por un lado, una evaluación experimental rápida de la NASA mediante imágenes satelitales calcula que unos 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en La Guaira, Caracas y otros cuatro estados afectados. Por otro lado, la crisis humanitaria se agudiza notablemente, ya que UNICEF estima que 1,8 millones de personas, incluyendo 680.000 niños, requieren ayuda urgente. Finalmente, en el aspecto financiero, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifra las pérdidas económicas preliminares por daños físicos directos en 6.700 millones de dólares.

El impacto supera con creces el sismo de julio de 1967 en las proximidades de Caracas, donde fallecieron 245 personas, convirtiendo a este doble terremoto en el evento sísmico más mortífero del último siglo en el país. Ante este escenario, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional.

Las asimetrías del rescate y la indignación popular

A medida que transcurren los días, la ventana teórica de supervivencia bajo los escombros —establecida habitualmente entre 48 y 72 horas— se ha superado de forma holgada. Aunque equipos especializados de 27 países continúan trabajando de forma ininterrumpida y han logrado rescatar de manera excepcional (y milagrosa) a algunos supervivientes, como un niño atrapado durante seis días, la gestión local del desastre ha generado severas críticas entre la población civil.

Las redes sociales han servido de canal para exponer las dificultades de los cuerpos de emergencia, que avanzan por espacios altamente inestables. No obstante, las denuncias principales se centran en el uso de criterios de influencia política y económica para priorizar los puntos de búsqueda. El despliegue masivo de agentes policiales y alumnos de academias militares, junto con maquinaria pesada como grúas telescópicas, en inmuebles específicos donde se presumía la presencia de altos mandos o ciudadanos adinerados, contrasta con la precariedad de las labores en barriadas populares.

Pese a que el Gobierno venezolano reportó el despliegue de 3.681 rescatistas internacionales, 1.000 toneladas de suministros y el rescate con vida de más de 6.450 personas, las autoridades prefirieron omitir un balance oficial de desaparecidos de forma directa. Sin embargo, los registros de la plataforma digital independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela ya acumulan 40.092 personas sin contacto familiar, mientras que reportes previos de Naciones Unidas estimaban la cifra en torno a los 50.000 ciudadanos en paradero desconocido. Para prever el peor escenario, el Ejecutivo acordó con la ONU la adquisición inmediata de 10.000 bolsas para cadáveres.

La catástrofe ha golpeado de forma directa a la comunidad extranjera residente en Venezuela, especialmente a la colonia española. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, actualizó el balance de ciudadanos afectados, confirmando un incremento notable en las cifras de víctimas de dicha nacionalidad.

El blindaje de Washington ante la crisis institucional

La crisis provocada por el sismo ha hecho explícita la brecha existente entre las demandas sociales internas de la población civil y las prioridades políticas de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. El incremento de la indignación popular contra el Palacio de Miraflores y la gestión del Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez coincide con una postura de cautela y mantenimiento del statu quo por parte del Departamento de Estado en Washington.

A pesar de las crecientes críticas sociales, jefe de misión de EE UU y Encargado de Negocios, John Barrett, elogió el desempeño de la administración Rodríguez. Aseguró que el Ejecutivo interino mantiene un compromiso total y que las Fuerzas Armadas de Venezuela están trabajando “hombro a hombro” con los equipos estadounidenses en las labores de rescate tras el sismo. Además, validó los datos proporcionados por Miraflores al aseverar que el gobierno interino ha sido “completamente transparente”.

 

ÚLTIMA HORA | Encargado de Negocios de EEUU, John Barret, sobre críticas a la FANB en medio de la tragedia: "He visto antes del terremoto un compromiso del gobierno de interino de trabajar, colaborar con nosotros"

"Después del terremoto no ha cambiado". https://t.co/4XT1MHdTuj pic.twitter.com/yxaIB0iz87

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 29, 2026

El diplomático enfatizó que su prioridad en suelo venezolano es dar estricta continuidad al plan diseñado por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Barrett catalogó este proceso como un esfuerzo enfocado en la estabilización, la recuperación económica y una posterior transición. Reafirmó esta postura tras reunirse formalmente con Dinorah Figuera (presidenta de la Asamblea Nacional de 2015), calificando esas citas institucionales como una pieza clave para lograr una “reconciliación política” controlada, alejándose de exigencias electorales inmediatas.

A diferencia de crisis pasadas en la región, donde el colapso institucional interno aceleraba los plazos de presión diplomática para forzar transiciones o cambios drásticos de gobierno, la administración estadounidense parece haber priorizado la estabilidad procedimental. Este “blindaje” político implica que, pese a las deficiencias organizativas documentadas sobre el terreno y las protestas ciudadanas por la distribución asimétrica de la ayuda, los canales diplomáticos externos prefieren sostener la arquitectura gubernamental vigente para evitar un vacío de poder que agrave la crisis humanitaria.

Las presiones ejercidas por las facciones más intransigentes del exilio radicado en Florida, junto a figuras clave de la oposición interna como María Corina Machado —quien busca redefinir la dirección política tras su salida del territorio nacional—, no han logrado modificar la hoja de ruta de la Casa Blanca. El enfoque estadounidense prioriza una gestión controlada de los daños estructurales, conteniendo los factores de inestabilidad regional y manteniendo el soporte formal al esquema institucional establecido, desvinculando la urgencia del auxilio humanitario inmediato de los plazos de su estrategia política a largo plazo en Venezuela. @mundiario