El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, identificados como hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, señalado como líder de Cárteles Unidos.
Ambos enfrentan cargos por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y utilizar armas de alto poder durante actividades de narcotráfico.
EE. UU. acusa a familiares de “El Abuelo”
De acuerdo con la acusación, la organización criminal opera una red internacional de distribución con presencia en varias ciudades estadounidenses y capacidad para producir toneladas de metanfetamina cada mes.
Desde febrero de 2025, Cárteles Unidos fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, mientras que “El Abuelo” ya enfrentaba cargos federales en Estados Unidos desde 2024.
Hace unas horas se hizo público que
— Simón Levy (@SimonLevyMx) July 2, 2026
un Gran Jurado federal en Washington D.C. acaba de ACUSAR a la nueva generación del clan que controla Tepalcatepec.
Acusados: Juan José Farías Mendoza, “Juanjo”, e Israel Vega Farías, “Papo”.
El cargo clave no es narcotráfico.
Es apoyo… pic.twitter.com/GOvFnJVPrz
Acusaciones de Simón Levy
Tras conocerse la acusación, el exfuncionario Simón Levy afirmó que el caso muestra presuntos vínculos entre integrantes de Cárteles Unidos y personajes relacionados con Morena en Michoacán.
Entre los elementos que citó se encuentran que la alcaldesa de Tepalcatepec asesinada en 2025 pertenecía a ese partido; que, según reportes de prensa, una de sus hermanas habría mantenido una relación con “El Abuelo”, hecho que ella negó; y que un hermano del líder criminal fue regidor bajo una coalición integrada por Morena y PT.
Sin embargo, la acusación presentada por el Departamento de Justicia no menciona a Morena, al gobernador de Michoacán ni a funcionarios públicos. Tampoco imputa delitos a actores políticos.