El gobierno y Morena se engolosinan.
Van por Chihuahua y Nuevo León en 2027 y para ganar las elecciones siguen la misma estrategia: destruir la imagen de sus actuales gobernadores.
Por denuncias ciudadanas o periodísticas han encontrado debilidades, malos comportamientos y hasta desviaciones de Maru Campos y Samuel García.
Los dos casos han llegado a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha opinado en sus mensajes mañaneros sobre las distintas versiones.
Esa disposición no se tiene contra los mandatarios propios, llámense Rubén Rocha Moya y otros señalados por autoridades de agencias de Estados Unidos.
En el caso de la chihuahuense, la mandataria ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF. ¿Dónde quedó la autonomía?) o la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investigar si hay conflicto de interés.
Según la información difundida, Maru Campos tiene participación en una empresa inmobiliaria y eso demostraría su doble personalidad, juez y parte.
Es decir, esas compañías tendrían contratos con el gobierno del estado y, ya lo sabemos, esa connivencia va contra todas las leyes, la ética y la moral públicas.
Con una acotación: Maru Campos milita en el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora sufre la segunda embestida tras el operativo para destruir un narcolaboratorio con la supuesta injerencia de agentes estadounidenses.
Y EL FOSFO-FOSFO
El segundo caso es distinto.
Afectó a su imagen desde aquella promoción fosfo-fosfo de 2023, Samuel García sigue en campaña porque quiere promocionar a su esposa Mariana Rodríguez para gobernadora en 2027 y él mismo para presidente en 2030.
Además de esa campaña, y acaso para respaldarla, el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) habría desviado millones y millones a través de triangulaciones para llegar finalmente los recursos a despachos familiares.
La campaña morenista apenas empieza en ambos casos, pero cabe hacer una acotación más: tanto Maru Campos como Samuel García son militantes de oposición al Gobierno federal.
No hay registro de investigaciones similares contra mandatarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pese a múltiples denuncias de corrupción y no se diga de relación con el crimen organizado.
Y aunque vengan del extranjero, como es el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, de inmediato se le exonera y por eso el gobierno se niega a entregarlos a la justicia de Estados Unidos.
LIBERTAD SIN LEY
A las muchas omisiones del INE agregue usted otras:
De tiempo acá han aumentado los contratos con encuestadoras de aspirantes a todo cargo -gobernadores, diputados federales, alcaldes e inclusive regidores- para verse favorecidos.
Además, la compra de portadas en revistas supuestamente nacionales o locales donde aparecen los pretendientes con buena imagen física y entrevistas debidamente cubiertas.
Luego las reproducen en espectaculares por doquier.
¿Qué hacen el Instituto Nacional Electoral de Guadalupe Taddei o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Gilberto de Guzmán Bátiz?
Nada.
Argumentarán falta de denuncias y de pruebas y aquí entra otro elemento: ¿por qué la oposición no vigila y aporta pruebas a fin de someter, sobre todo a los morenistas, a la ley?
Por algo muy simple: carecen de infraestructura, sus camarillas se deshacen en pleitos internos, no tienen visión de Estado y mucho menos presencia en todo el país.
@urenajose1