El tablero político de la derecha española ha cambiado de manera significativa en apenas unos meses. El acuerdo sellado en Andalucía entre el Partido Popular y Vox no solo garantiza un nuevo Ejecutivo autonómico encabezado por Juanma Moreno, sino que completa un ciclo de cuatro gobiernos de coalición que redefine las relaciones entre ambas formaciones y proyecta sus efectos sobre la política nacional.
La secuencia comenzó en Extremadura, continuó en Aragón y Castilla y León y ha culminado ahora en Andalucía, una comunidad que hasta hace poco representaba el principal ejemplo de la capacidad del PP para gobernar sin depender de Vox gracias a la mayoría absoluta obtenida por Moreno en la anterior legislatura.
La vuelta de los de Santiago Abascal al Ejecutivo andaluz rompe esa excepcionalidad y consolida un mensaje político de alcance estatal, que la cooperación entre ambas fuerzas ha dejado de ser una excepción o tabú para convertirse en una fórmula plenamente asumida por las direcciones nacionales de ambos partidos.
Aunque Alberto Núñez Feijóo continúa defendiendo públicamente su aspiración de gobernar en solitario tras las próximas elecciones generales, el propio líder popular ha admitido que, si los números parlamentarios lo exigen, negociará una coalición con Vox. La experiencia acumulada durante este ciclo autonómico ofrece ahora un modelo sobre el que construir una futura negociación nacional.
En las cuatro comunidades donde se han cerrado acuerdos, el PP ha conseguido mantener la presidencia y la dirección política de los gobiernos mientras Vox ha obtenido representación institucional mediante vicepresidencias y consejerías con competencias específicas. Ese reparto refleja una estrategia que Génova pretende convertir en referencia para un eventual Ejecutivo estatal, integrar a Vox en proporción a su peso electoral, sin renunciar al liderazgo político del Partido Popular.
Líneas rojas y cesiones
Uno de los elementos que más destacan en el entorno de Feijóo es el cambio producido en la opinión pública de estos pactos. Durante los primeros acuerdos alcanzados entre PP y Vox hace dos años, la colaboración entre ambas formaciones generó una intensa confrontación política y una fuerte movilización de la izquierda, que permitió reeditar el bloque de investidura de Pedro Sánchez con Sumar como socio, sostenido por los partidos independentistas y progresistas.
Sin embargo, los populares consideran que la repetición de coaliciones autonómicas ha reducido considerablemente ese impacto. En Génova interpretan que la fórmula ha dejado de provocar el rechazo electoral que inicialmente temían y sostienen que la convivencia institucional entre ambas formaciones ya no constituye un elemento decisivo para movilizar al electorado progresista.
Las negociaciones desarrolladas durante estos meses también han servido para delimitar los márgenes de entendimiento entre ambos partidos. El PP ha aceptado incorporar algunas reivindicaciones vinculadas a la denominada “prioridad nacional” defendida por Vox, especialmente en materia migratoria y de protección de intereses nacionales.
Sin embargo, los populares han evitado incluir referencias expresas a cuestiones especialmente sensibles, como la legislación sobre violencia de género, los derechos del colectivo LGTBI o el modelo autonómico del Estado. A cambio, Vox ha logrado aumentar significativamente su presencia institucional. No obstante, la distribución de poder ha variado en función de la fuerza parlamentaria obtenida en cada territorio.
Andalucía marca el modelo
El acuerdo andaluz presenta una particularidad relevante. Mientras en otras comunidades Vox ha obtenido dos o tres consejerías, en Andalucía únicamente incorporará a Manuel Gavira como vicepresidente con competencias en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Ese reparto responde al resultado electoral obtenido por ambas formaciones y constituye un mensaje político de cara al futuro.
El PP insiste en que cualquier eventual Gobierno nacional deberá respetar la proporcionalidad derivada de las urnas, lo que anticipa que una futura negociación con Vox estaría condicionada por la distancia parlamentaria entre ambas fuerzas. Para el partido de Abascal, este ciclo electoral supone igualmente un éxito estratégico. Tras abandonar en 2024 los gobiernos autonómicos como protesta por la política migratoria del Ejecutivo, Vox ha conseguido regresar a las instituciones con un objetivo político mucho más definido que la gestión regional.
La formación considera que estos acuerdos demuestran que el PP necesita inevitablemente su respaldo para gobernar allí donde no alcanza la mayoría absoluta. Ese mensaje trasciende el ámbito autonómico y sitúa el foco sobre las próximas elecciones generales.
En los gobiernos constituidos durante estos meses, además, las vicepresidencias han recaído sistemáticamente sobre los candidatos autonómicos de Vox, un precedente que alimenta la hipótesis de que Abascal aspiraría a ocupar una eventual vicepresidencia del Gobierno si ambas formaciones alcanzaran un acuerdo en el ámbito estatal.
Un cambio profundo en las relaciones entre PP y Vox
El ciclo autonómico deja, en un plano general, un cambio profundo en las relaciones entre PP y Vox. Lo que comenzó como acuerdos puntuales para facilitar investiduras ha evolucionado hacia gobiernos compartidos con estructuras de coalición cada vez más consolidadas.
Aunque Feijóo mantiene su objetivo declarado de gobernar en solitario, la realidad parlamentaria dibujada por las últimas convocatorias autonómicas apunta hacia un escenario en el que un entendimiento con Vox podría convertirse nuevamente en una condición necesaria para alcanzar La Moncloa.
Con Andalucía se cierra un ciclo territorial, pero también se abre una nueva fase política en la que la normalización de los pactos entre populares y Vox deja de ser una hipótesis para convertirse en uno de los principales factores que condicionarán la estrategia de la derecha española de cara a las próximas elecciones generales. @mundiario