La tasa de mortalidad en centros de detención migratoria de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi 20 años, según un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights que pone bajo la lupa el crecimiento del sistema de detención de ICE durante el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El reporte documenta 52 muertes bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, las organizaciones señalan que la tasa actual no solo supera la registrada durante la pandemia de Covid-19, sino que refleja un aumento desproporcionado frente al crecimiento de la población detenida.

Entre 39 casos revisados a profundidad por médicos y especialistas en derechos humanos durante el primer año del segundo mandato de Trump, 10 personas eran de nacionalidad mexicana, el grupo más numeroso entre las 20 nacionalidades registradas en esa revisión.

Le siguen Honduras, con 5 casos; China, con 3; y Cuba, Vietnam, Haití y Nicaragua, con 2 casos cada uno.

El resto corresponde a personas de Ethiopia, Ucrania, República Dominicana, Colombia, Canadá, El Salvador, Jordania, Guatemala, Filipinas, Pakistán, Eritrea, Bulgaria y Camboya, con un caso por nacionalidad.

La lista muestra que, aunque el impacto en personas mexicanas es el más visible, la crisis atraviesa a comunidades migrantes de América Latina, el Caribe, Asia, África y Europa del Este.

El informe también advierte que, si se suman muertes ocurridas durante operativos o bajo circunstancias vinculadas a acciones de ICE, la cifra de mexicanos fallecidos en el periodo aumenta, aunque no todos esos casos forman parte del mismo conteo de muertes bajo custodia directa.

Hacinamiento y atención deficiente

Uno de los hallazgos más fuertes es la relación entre el aumento de detenciones, las condiciones de los centros y la atención médica.

Human Rights Watch y Physicians for Human Rights señalan que la población detenida por ICE creció 77% entre enero de 2025 y enero de 2026, mientras que las muertes anuales se triplicaron, elevando en 138% la tasa anualizada de mortalidad por cada 10 mil personas detenidas.

El reporte también indica que la mayoría de las 39 muertes analizadas ocurrió en instalaciones que tenían poblaciones muy superiores a su promedio histórico durante las dos semanas previas al deceso.

Para las organizaciones, ese hacinamiento agrava problemas de higiene, atención médica, vigilancia y respuesta ante emergencias.

ICE sostiene en su sitio oficial que administra un sistema de detención civil con una población “altamente transitoria y diversa”, y que busca alojar a las personas detenidas cerca de sus zonas de arresto para facilitar contacto con familiares, representantes legales y redes de apoyo.

Ismael Ayala-Uribe, caso emblemático

Uno de los casos más señalados es el de Ismael Ayala-Uribe, mexicano de 39 años que murió en septiembre de 2025 tras permanecer detenido en el Adelanto ICE Processing Center, en California.

Según HRW y PHR, Ismael había vivido en Estados Unidos desde los cuatro años y trabajó durante 15 años en un lavado de autos antes de ser detenido durante una redada.

El informe indica que presentó fiebre, tos persistente y un absceso que, de acuerdo con la revisión médica, no recibió atención adecuada de forma oportuna.

Cuando finalmente fue trasladado al hospital, ya tenía signos compatibles con choque séptico y murió antes de que pudiera ser sometido a cirugía.

Para las organizaciones, su caso resume una de las principales preocupaciones, con síntomas que se agravan, atención médica tardía y falta de información pública suficiente para que las familias conozcan con claridad qué ocurrió.

Lorenzo Batrez Vargas

Otro caso con fuerte impacto humano es el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, mexicano de 32 años que también llegó a Estados Unidos a los cuatro años.

El reporte señala que Lorenzo contrajo Covid-19 y permaneció casi dos semanas en aislamiento antes de morir en agosto de 2025, su familia dijo a HRW que él describía esa zona como un cuarto frío y oscuro al que también enviaban a personas castigadas por mala conducta.

Su madre expresó a la organización: “Solo una madre que ha perdido a su hijo sabe lo que estoy sintiendo. Quiero a mi hijo y no puedo hacer nada”.

Según el informe, los documentos públicos no aclaran por completo la causa de muerte ni responden preguntas sobre si se le realizó una radiografía de tórax ordenada el día anterior o por qué no fue trasladado de inmediato al hospital cuando presentó dificultad para respirar.

Otros casos graves

El informe también menciona situaciones que van más allá de México, como con Maksym Chernyak, ciudadano ucraniano de 44 años, por el que HRW y PHR señalan que sufrió un derrame cerebral mientras estaba detenido.

De acuerdo con la revisión médica, presentaba señales de emergencia, como actividad similar a convulsiones, pupilas no reactivas, baja oxigenación y presión arterial elevada, pero hubo demoras antes de que fuera trasladado a un hospital.

El hondureño Santos Banegas Reyes, de 42 años, fue identificado en revisión médica como una persona en abstinencia alcohólica activa, el reporte señala que fue encontrado inconsciente al día siguiente y que, de haber recibido vigilancia estrecha y traslado médico oportuno, pudo haber accedido a atención potencialmente salvadora.

También está el caso de Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años en el que se sospecha asfixia por compresión de cuello y torso durante uso de fuerza por personal de ICE.

Transparencia, el otro punto crítico

El informe cuestiona la falta de información pública completa sobre las muertes.

HRW y PHR señalan que, aunque ICE publica notificaciones y reportes de muerte, esos documentos suelen ofrecer detalles limitados sobre la atención médica recibida, las decisiones tomadas antes del fallecimiento y las posibles fallas del sistema.

Las organizaciones afirman que, en los 39 casos revisados, no hubo información pública suficiente para una evaluación clínica definitiva de cada muerte.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió investigaciones rápidas e imparciales sobre las muertes en custodia migratoria.

Según el organismo, en 2025 se registraron 33 muertes bajo custodia de ICE, frente a 11 en 2024, y durante los primeros cinco meses de 2026 murieron 18 personas más.