El nombre de Juan Carlos Peinado apenas figuraba en el debate público hasta que asumió la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dos años después, el magistrado se ha convertido en uno de los jueces más controvertidos del panorama judicial español, no solo por la causa que instruye, sino también por la acumulación de quejas presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su manera de actuar. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces mantiene congelada cualquier decisión sobre esas denuncias a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid despeje el futuro procesal del caso.
La situación coloca al CGPJ ante un dilema complejo: resolver unas posibles responsabilidades disciplinarias cuando todavía está abierta la batalla judicial sobre una causa que ha generado una enorme tensión política e institucional. La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, considera que el momento adecuado para abordar los expedientes pendientes llegará cuando la Audiencia madrileña se pronuncie sobre los últimos recursos presentados contra las decisiones de Peinado.
Entre las quejas que permanecen sobre la mesa destacan las impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de su declaración como testigo en la investigación. El interrogatorio, celebrado en el Palacio de La Moncloa en abril de 2025, generó una fuerte polémica por el tono empleado durante la comparecencia y por las preguntas del juez sobre la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez.
Bolaños denunció ante el CGPJ que la diligencia se desarrolló en circunstancias “anómalas” y cuestionó el modo en que fue tratado durante la declaración. Posteriormente, Peinado intentó abrir la puerta a una posible imputación del ministro por falso testimonio y malversación, aunque el Tribunal Supremo descartó esa posibilidad al considerar que no existían indicios suficientes. La investigación contra Gómez, sin embargo, siguió avanzando y la llevó hasta la apertura de juicio oral por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación.
Un conflicto disciplinario atrapado por el calendario judicial
El procedimiento interno del CGPJ contra Peinado ha quedado en una especie de pausa estratégica. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, había planteado inicialmente archivar las denuncias de Bolaños al entender que las actuaciones del juez estaban amparadas dentro de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la Comisión Permanente consideró que faltaban elementos para cerrar definitivamente el asunto y devolvió el expediente para completar la investigación.
La decisión definitiva podría implicar desde el archivo de las actuaciones hasta la apertura de un expediente disciplinario que eventualmente termine en una sanción. Pero el calendario juega en contra del órgano judicial: Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre y deberá abandonar la carrera judicial por jubilación forzosa.
La situación se complicó aún más tras la decisión del juez de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez después de abrir juicio oral. Peinado acordó retirar el pasaporte de la esposa del presidente, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer periódicamente ante el juzgado. Además, incluyó una referencia a la posibilidad de que sus escoltas policiales pudieran facilitar una eventual fuga, una afirmación que provocó una reacción inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El CGPJ afronta una decisión con consecuencias limitadas
Aquella actuación provocó que Isabel Perelló convocara una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente. La presidenta tuvo que utilizar su voto de calidad para inclinar la decisión hacia la apertura de una valoración disciplinaria frente a la postura de los vocales conservadores, que consideraban que la resolución del juez no debía ser examinada desde ese ámbito.
Más allá del caso Gómez, el CGPJ también tiene pendiente otra investigación relacionada con Peinado por las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita. En este caso, la denuncia se centra en que el juez no prorrogó a tiempo una investigación sobre un cargo del Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó el archivo de la causa.
La incógnita ahora es si el Consejo podrá actuar antes de que el tiempo convierta cualquier posible sanción en una medida sin efectos reales. Una falta leve podría traducirse únicamente en una advertencia, mientras que sanciones más graves podrían llegar incluso a la expulsión de la carrera judicial, aunque en la práctica resultarían difíciles de aplicar por la cercanía de la jubilación del magistrado.
El caso Peinado refleja así una paradoja institucional: el órgano encargado de supervisar la actuación de los jueces debe decidir sobre un magistrado cuya causa más relevante todavía está pendiente de una respuesta judicial definitiva. Mientras la Audiencia Provincial de Madrid no marque el siguiente capítulo del caso Begoña Gómez, el CGPJ mantiene en espera una decisión que puede tener más peso simbólico que consecuencias efectivas. @mundiario