Ciudad de México.- Después de sobornar con 15 millones de pesos a un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) para archivar una investigación en su contra por lavado de dinero, un empresario descubrió que había sido estafado; la indagatoria nunca existió.
El 26 de octubre de 2019, Mario Ochoa y Josué Matus Meléndez contactaron al empresario oaxaqueño Pedro Luis Morlet Sánchez para notificarle, de manera informal, que la FGR lo investigaba por blanqueo de capitales.
“Si le interesa solucionar el problema, le presentamos a José Óscar Valdez Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) de la FGR“, ofreció uno de ellos.
Documentos judiciales y la imputación de los fiscales federales refieren que Morlet tomó con seriedad el mensaje y aceptó la propuesta. Aparentemente, Valdez lo tenía ubicado por los servicios de outsourcing que el empresario prestaba.
Conocido como “El Sultán”, Valdez ya estaba en la mira de la FGR. Semanas antes, el 2 de octubre de ese año, su chofer José Antonio Ramírez Beltrán había sido detenido en la carretera México-Toluca con 3 millones 950 mil pesos en efectivo dentro de su vehículo.
EL PACTO EN POLANCO
El 1 de noviembre de 2019, los intermediarios citaron a Morlet a las 10:00 horas en el restaurante Lipp del Hotel Marriott, en Polanco. Ahí lo esperaban Valdez, el abogado laboralista Miguel Ángel Pino Sánchez y Óscar Matus Meléndez, hermano de Josué.
Sin rodeos, le notificaron que supuestamente estaba en curso la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/OAXACA/00345/2017 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, le aseguraron que podían ayudarlo, ya que Valdez era el funcionario indicado para dictar el no ejercicio de la acción penal y dar el “carpetazo” definitivo.
El acuerdo inicial se fijó en 20 millones de pesos: la mitad por adelantado y el resto al firmarse el cierre del expediente.
Morlet aceptó el trato de inmediato. Según la investigación de la FGR, el empresario solicitó un préstamo en efectivo por 15 millones 46 mil 931 pesos a la empresa Servicios Alerva S.A. de C.V., un acto del cual dio fe el Notario Público 60 de Oaxaca.
El 8 de noviembre, Morlet regresó al restaurante de Polanco para entregar los primeros 10 millones de pesos en una maleta a Pino y a los hermanos Matus.
HASTA UNA CURUL
Seis días después, el empresario se reunió nuevamente con el grupo en un restaurante japonés de Plaza Artz. Morlet estaba preocupado: “El Sultán” había hecho pública su renuncia a la FGR y temía que dejara el cargo sin cerrar su expediente. Hasta ese momento, no le habían exhibido ningún documento probatorio.
“(Valdez) respondió que se trataba de una unificación de la Fiscalía, que él regresaría a finales de febrero como subprocurador del Gobierno de la Ciudad de México, porque Julio Scherer, entonces consejero Jurídico de Presidencia, y el propio Presidente de la República lo querían en ese puesto”, detalló un fiscal en la audiencia pública.
“Le comentó que no se preocupara, que estaba blindado y que, si quería, le ofreci?a una diputación plurinominal para mayor seguridad”.
Para calmar al empresario, el 19 de noviembre Valdez le entregó una copia “certificada” del no ejercicio de la acción penal. El documento, de 13 fojas, estaba fechado cuatro días antes y firmado por Israel Carrillo Román, agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF).
El papeleo incluía un detalle inusual: contaba con la fe pública de Gabriel Ezeta Moll, Notario Público 82 del Estado de México, a pesar de que la FGR no certifica sus resoluciones ante notarios.
Aun así, el documento devolvió la confianza a Morlet, quien dos días más tarde realizó la segunda entrega en el Hotel Diplomático, en la colonia Nochebuena. Esta vez llevó una maleta con 5 millones de pesos, los cuales fueron aceptados por Pino. Quedaba pendiente un último pago por la misma cantidad, pactado para tres meses después.
EL RECLAMO
El 4 de marzo de 2020, Morlet acudió a las 12:45 horas al mismo hotel con otra maleta. Lo esperaban Valdez, Pino y los hermanos Matus. Al percatarse de que la bolsa sólo contenía 1.5 millones de pesos, Pino se la devolvió.
El funcionario y sus cómplices advirtieron que no aceptaban anticipos y exigieron los 5 millones completos. Ante la falta de liquidez del empresario, la reunión terminó abruptamente a las 13:15 horas. Ese mismo día, el oaxaqueño presentó su denuncia ante la FGR.
“La indagatoria entregada a Pedro Luis Morlet Sánchez, sujeto pasivo de extorsión, no obra dentro de los libros o registros de la UEAF ni de la UEIDFF; es decir, dicha investigación nunca existió”, argumentaron los fiscales ante el juez de control.
El 1 de diciembre de 2020, la Policía Federal detuvo a Valdez en Toluca y a Pino en la Ciudad de México. Este último, junto con otros implicados, negoció un criterio de oportunidad con la FGR y declaró en contra del principal operador para obtener su libertad del Penal del Altiplano.
Con base en esta relatoría de hechos, Valdez fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante el proceso penal, el Ministerio Público sostuvo que Valdez se había ostentado falsamente como titular de la UEIDFF y que jamás había pertenecido a la corporación. No obstante, la propia FGR admitió posteriormente en un comunicado que el sentenciado cometió los ilícitos en su calidad de funcionario público.
HLL