Había una trampa hecha con artefactos explosivos improvisados muy cerca de la presa Picachos, en las inmediaciones de San Marcos, una comunidad de Mazatlán, Sinaloa.
Las autoridades no han determinado si se trataba de una “trampa para bobos”, depositada ahí por la facción de Los Chapitos para sorprender a sus enemigos de La Mayiza, o si fue colocada expresamente cuando se detectó que personal de Marina se desplazaba en el lugar.
El domingo pasado, según la versión oficial, dichos artefactos estallaron al paso de un grupo naval que realizaba labores de sondeo y medición en ríos y presas cercanos, como medida preventiva durante la presente temporada de lluvias.
A consecuencia del estallido, un marino murió mientras recibía atención médica de urgencia, otro sigue grave y dos más han sido dados de alta.
La orden desde la cúpula naval fue que se buscara a los responsables y se les capturara. Se sabía que eso significaba ir hacia una segunda trampa, que eso significaba que a los marinos los iban a estar esperando, pero, aun así, se tomó la decisión de ir.
Una aeronave no tripulada le dio cobertura al movimiento de las unidades que se movían en tierra. El apoyo aéreo estuvo a cargo de un avión Texan II, y de dos helicópteros artillados que peinaron la zona serrana.
Vino un segundo enfrentamiento, que se dio entre Agua Varada y Chametla, en El Rosario. Si la Marina buscaba dar una respuesta contundente, la consiguió.
La refriega dejó diez presuntos delincuentes muertos y tres hombres (entre estos, un colombiano) detenidos en poder de un arsenal.
Desde que los artefactos explosivos estallaron en San Marcos, los marinos sabían quién se hallaba detrás. El Rosario, Escuinapa, Concordia… toda esa franja del sur de Sinaloa está hoy controlada por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, un jalisciense de 37 años de edad con más de dos décadas en las actividades delictivas.
Según los reportes oficiales, el clan Martínez Larios, ligado al grupo de Los Chapitos, se ha ido colocando al frente de las plazas de esa zona desde hace alrededor de una década. El mayor de los hermanos, José Luis, apodado “El Monstruo”, fue asesinado en Mazatlán en el año 2015.
“El Casco” o “El 81” compartió el mando de la región sur de Sinaloa con su hermano, Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido hace apenas un mes en Mazatlán por elementos de la Defensa Nacional, e involucrado en carpetas de investigación relacionadas con secuestro, homicidio, extorsión y delitos contra la salud. Un tercer hermano, conocido “El Owen”, se encuentra en prisión desde hace tiempo.
Según la información disponible, se trata de un grupo que opera de manera prácticamente autónoma, aunque forma parte de la estructura de Los Chapitos.
“El 81” y su hermano “El 80” estuvieron vinculados con Óscar Noé Medina González, “El Panu”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hasta que este fue asesinado el 21 de diciembre del año pasado en un restaurante de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, a manos de un tirador solitario.
El grupo de “El Gabito” y de su hermano “El 81” está relacionado con la escalada de violencia de los últimos tiempos en el sur de Sinaloa. Se hace responsable a dicho grupo de la privación de la libertad y la desaparición en Concordia de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, y de la privación de la libertad y la desaparición de otro grupo de trabajadores que ese mismo día fueron capturados en una parada de transportes en la carretera Villa Unión-Durango: un total de 14 víctimas.
A todo esto se suman los hechos de violencia ocurridos en los últimos dos años, desde que la traición contra “El Mayo” Zambada provocó la guerra entre las dos facciones más importantes del cártel, y que solo en el último mes había dejado ataques armados, aparición de restos humanos dentro de contenedores, el hallazgo de una cabeza humana en Escuinapa y la agresión a tiros del 28 de mayo a las instalaciones del Hospital General IMSS-Bienestar.
Se suma también el desplazamiento de comunidades que huyen de la guerra entre Los Chapos y Los Mayos.
Fuentes consultadas indican que la persecución en contra del generador de toda esa violencia ya no se detendrá. Todo esto mientras el exgobernador Rubén Rocha Moya, reclamado por el gobierno de Estados Unidos bajo el cargo de haber facilitado e incluso colaborado con este horror, lleva más de 65 días protegido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el senador de Morena Enrique Inzunza quien, a pesar de todo, según ha trascendido, sigue percibiendo de manera puntual su sueldo.