Destinar los recursos que se obtienen de las multas e infracciones electorales a cuerpos de bomberos y prestadores de servicios de emergencias certificados, es una de las propuestas que busca modificar Movimiento Ciudadano en la ley electoral del estado, esto como parte del decálogo de propuestas, presentadas por los diputados Teresita Calzada y Paul Ospital.
Actualmente el recurso recabado se entrega al Consejo de Ciencia y Tecnología del estado (Concyteq), sin embargo, se precisó que este dinero se dirige a gasto corriente.
“Hoy las sanciones castigan en papel, pero rara vez se traducen en un beneficio visible para la ciudadanía, y con esta medida cada violación a la ley electoral se convierte en una ambulancia, en equipo, en capacitación, en capacidad de respuesta para quienes salvan vidas”.
Otra propuesta es elevar de 5 a 10 años de residencia el requisito para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo, considerando como domicilio el registrado en la última declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“En el caso de los municipios retirarle la facultad a las secretarías de ayuntamiento para la constancia de residencia que emiten, que se vuelve una traba hemos tratado en épocas electorales, preelectorales de registro obtener una constancia de residencia se vuelve una traba, porque les estás dando un poder y una facultad para decidir sobre quién es votado y quién puede ser votado y eso es un derecho constitucional”.
En materia de paridad se propone que la elección de 2027 sea obligatoria la promoción de mujeres en la gubernatura para partidos que no lo hayan hecho en 2024; y se contempla la obligación de que los partidos cuenten con una unidad de género.
De igual forma se amplía el catálogo de funcionarios, de primer nivel, de los órganos electorales que estarían impedidos para ocupar cargos públicos en administraciones de manera inmediata a la elección, esto para garantizar la neutralidad y el cuidado de la democracia; que se eleve de 2 a 6 los debates para la gubernatura, 4 para la capital, y dependido la población entre 2 o 3 en el resto de municipios, prohibido que sean virtuales y en caso de inasistencia una sanción del 10% del presupuesto de campaña.
Además, para los servidores públicos que deseen participar en actividades proselitistas durante días laborales se plantea que deben solicitar licencias sin goce de sueldo con al menos 72 horas de anticipación y portando la documentación correspondiente; mientras que se propone el aseguramiento inmediato de vehículos oficiales o bienes públicos utilizados en campañas electorales, para evitar el uso indebido de recursos gubernamentales.
Dentro de este decálogo, también se consideran exhortos para que el Congreso de la Unión adecue la norma para que las personas de 16 y 17 años puedan votar.
Aunque algunas de estas propuestas ya fueron ingresadas como iniciativas de ley, apelaron a que haya voluntad para poder integrar el resto en el dictamen que se prevé sea votado la próxima semana.