La batalla por la nueva financiación autonómica entra en una fase decisiva. El Gobierno ha comenzado a enviar a las comunidades de régimen común la documentación técnica de su propuesta, un movimiento con el que Hacienda intenta transformar un debate enquistado durante más de una década en una negociación concreta sobre cifras, recursos y reparto territorial. El objetivo es abrir una vía de acuerdo para un modelo que añadiría casi 21.000 millones de euros al sistema, aunque nace condicionado por la desconfianza de buena parte de las autonomías.
Según señala El País, el departamento que dirige Arcadi España ha remitido a los gobiernos autonómicos un borrador con el diseño actualizado del sistema y un análisis individualizado del impacto económico que tendría en cada territorio. La estrategia del Ejecutivo pasa por demostrar a cada comunidad cuánto podría ganar con la reforma y desplazar el debate desde la disputa política hacia los efectos prácticos del nuevo reparto.
La propuesta recupera las líneas maestras anunciadas en enero por la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluye cambios relevantes en la distribución de impuestos y en el cálculo de las necesidades financieras de cada autonomía. Entre las medidas planteadas figura una mayor participación regional en tributos como el IRPF y el IVA, además de una revisión del criterio de población ajustada, clave para determinar cuánto dinero necesita cada territorio para prestar servicios públicos.
El Gobierno insiste en que el documento enviado no es definitivo y que está abierto a modificaciones durante el proceso de negociación. Hacienda quiere que las comunidades aporten sus propuestas en las reuniones técnicas previstas y posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), antes de iniciar una tramitación parlamentaria que se presenta complicada por la falta de apoyos claros.
Una reforma con más recursos, pero con una fuerte carga política
El nuevo modelo pretende poner fin a un sistema que funciona desde 2009 y que debía haber sido revisado cinco años después. Sin embargo, las diferencias entre territorios y la dificultad de alcanzar consensos han bloqueado cualquier reforma durante más de una década. La financiación autonómica se ha convertido así en uno de los asuntos más sensibles de la política territorial española.
Según Hacienda, el nuevo esquema aportaría 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades y garantizaría que ninguna pierda financiación respecto al modelo actual. Además, introduciría nuevos elementos para calcular el reparto, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, la despoblación, la población escolar o las particularidades de los territorios insulares.
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La propuesta también contempla nuevos mecanismos para afrontar retos comunes, como un fondo específico relacionado con los efectos del cambio climático, y busca aumentar la capacidad de decisión de las autonomías mediante una mayor participación en la recaudación de impuestos. Para el Gobierno, estos cambios permitirían avanzar hacia un sistema con más autonomía financiera y mayor equilibrio entre territorios.
Pero la negociación llega marcada por una profunda división política. Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado hasta ahora abordar el debate mediante reuniones bilaterales con Hacienda y defienden que cualquier discusión debe producirse en el marco del CPFF. Su principal crítica se centra en el origen de la reforma, vinculada inicialmente al acuerdo entre PSOE y ERC para impulsar una financiación singular para Cataluña.
Cataluña, el punto más delicado de una negociación nacional
Aunque Hacienda ha reformulado la propuesta para presentarla como un modelo general para todas las comunidades, el origen del acuerdo continúa condicionando el debate. El pacto entre PSOE y ERC fue determinante para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y todavía genera recelos entre muchos gobiernos autonómicos, que consideran que Cataluña mantiene una posición privilegiada.
Junts también ha mostrado rechazo al planteamiento al considerar insuficiente la propuesta para Cataluña. Esta doble oposición —desde comunidades gobernadas por el PP y desde sectores independentistas catalanes— deja al Ejecutivo ante un complicado equilibrio: necesita ampliar apoyos sin perder el respaldo político que permitió abrir la negociación.
El calendario previsto por Hacienda fija una reunión técnica con las autonomías para analizar los documentos enviados y resolver dudas. Posteriormente, el Gobierno pretende convocar de nuevo al CPFF a finales de mes con la intención de acercar posiciones y avanzar hacia una aprobación que permita aplicar el nuevo modelo en 2027.
El reto para el Ejecutivo no es únicamente económico, sino también político. Reformar la financiación autonómica implica decidir cómo se reparte el poder financiero entre territorios con intereses muy distintos. La propuesta de Hacienda abre una nueva oportunidad para actualizar un sistema bloqueado desde hace años, pero también reabre una de las disputas territoriales más complejas de la democracia española. @mundiario