CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 300 integrantes de Morena realizan recorridos, asambleas, eventos públicos y actividades de promoción en los estados donde se renovarán 17 gubernaturas en 2027, mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin aprobar reglas específicas para fiscalizar esos procesos adelantados. La situación importa porque no existe un mecanismo que permita conocer de manera inmediata cuánto se gasta, quién aporta los recursos y si existe una ventaja anticipada. De acuerdo con Agencia Reforma, las actividades están documentadas, pero no todas pueden considerarse ilegales de forma automática, pues cada caso debe ser revisado bajo los criterios establecidos por las autoridades electorales.
El consejero del INE Arturo Castillo cuestionó que el Consejo General haya postergado la aprobación de lineamientos para regular estos procesos internos. “Está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, afirmó al referirse al avance de las actividades políticas previas al inicio formal de las precampañas.
¿Qué están haciendo los aspirantes de Morena rumbo a 2027?
Los participantes recorren municipios, se reúnen con simpatizantes y asisten a actos organizados por estructuras partidistas. En algunos casos también hablan públicamente sobre sus aspiraciones a competir por una gubernatura.
Entre las actividades reportadas se encuentran:
- Asambleas y reuniones con militantes
- Recorridos por municipios y comunidades
- Difusión personalizada en redes sociales
- Entrega de folletos, gorras y playeras
- Eventos con porras, música y grupos de simpatizantes
- Movilización de personas hacia actos partidistas
- Promoción de logros realizados desde cargos públicos
Estas acciones ocurren antes de que comiencen las precampañas previstas por las legislaciones electorales de cada entidad.
El problema señalado por especialistas no es únicamente la realización de los eventos, sino la falta de información sobre su financiamiento. Actualmente no se conoce con claridad quién paga los traslados, la propaganda, los escenarios, el sonido o los materiales distribuidos durante los encuentros.
¿Cómo adelantó Morena la selección de sus candidaturas?
Morena anticipó alrededor de seis meses la definición de sus posibles candidaturas mediante la figura de los “coordinadores de los comités de la Cuarta Transformación”.
El partido ha utilizado este mecanismo en procesos electorales anteriores para elegir a las personas que posteriormente son registradas como candidatas. Aunque el nombramiento de un coordinador no equivale legalmente a una candidatura, en los hechos puede permitir que una persona posicione su nombre e imagen durante varios meses.
Los procesos internos formalmente deberían comenzar entre diciembre y febrero, según el calendario de cada estado. Sin embargo, la competencia política ya se desarrolla en calles, plazas, reuniones partidistas y plataformas digitales.
¿Por qué el INE no puede fiscalizar de inmediato estos gastos?
Los gastos de precampaña y campaña deben reportarse al INE dentro de periodos específicos. Cuando una actividad ocurre antes de esas etapas, puede quedar registrada como parte de las operaciones ordinarias de un partido y no como un gasto directamente vinculado con una candidatura.
Esto dificulta que la autoridad conozca en tiempo real:
- Cuánto dinero utiliza cada aspirante
- De dónde provienen los recursos
- Quién paga la propaganda y los eventos
- Si participan servidores públicos
- Si se utilizan recursos gubernamentales
- Si los gastos deben acumularse a los futuros topes de precampaña o campaña
La revisión tardía reduce la posibilidad de corregir una eventual ventaja antes de que inicie formalmente la contienda.
¿Qué ocurrió con los lineamientos propuestos dentro del INE?
En mayo, el bloque mayoritario del Consejo General, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, rechazó una propuesta para establecer reglas de fiscalización aplicables a estos procesos políticos anticipados.
Tras desechar el proyecto, los consejeros se comprometieron a presentar una nueva propuesta. De acuerdo con Agencia Reforma, el documento fue llevado nuevamente ante el organismo, pero su discusión fue pospuesta y todavía no existe una fecha definida para debatirlo o someterlo a votación.
Mientras no se aprueben los lineamientos, las actividades seguirán analizándose con las normas generales vigentes y mediante denuncias presentadas por partidos, ciudadanos o personas involucradas.
¿Todos estos actos son campañas adelantadas?
No necesariamente. La participación en una reunión, un recorrido territorial o una asamblea partidista no constituye por sí sola un acto anticipado de campaña.
Para que una conducta sea sancionada deben acreditarse distintos elementos, entre ellos:
- Que participe una persona aspirante, militante o vinculada con un partido
- Que la actividad ocurra antes del periodo electoral permitido
- Que exista una solicitud expresa o equivalente para obtener el voto
Este último requisito dificulta las sanciones, pues los aspirantes pueden promocionar su imagen, trayectoria o actividades sin pedir directamente el sufragio.
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, consideró que el problema también se encuentra en la interpretación de las normas.
“El problema no es que la ley esté mal; el problema es que las autoridades electorales van permitiendo que los partidos políticos simulen y hagan trampa”, señaló.
El especialista sostuvo que el Tribunal Electoral ha limitado los criterios para acreditar actos anticipados, lo que permite que muchas conductas no sean sancionadas cuando no existe un llamado directo al voto.
¿Qué consecuencias puede tener la falta de fiscalización?
La ausencia de reglas específicas puede provocar que algunas personas lleguen a las precampañas con meses de exposición pública, estructuras territoriales organizadas y propaganda distribuida sin que esos gastos hayan sido revisados como parte de una competencia electoral.
A meses de que inicie el proceso electoral de 2027, Morena ya enfrenta señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026
Mientras se acumulan más de 180 denuncias en 23 estados, crecen las dudas sobre si el INE hará cumplir la ley.
"¿Cómo vamos a confiar en la… pic.twitter.com/fTidjWP2E8
También puede dificultar la identificación del uso de recursos públicos o aportaciones de origen desconocido.
La fiscalización permite proteger la equidad entre los participantes y comprobar que el dinero utilizado tenga un origen permitido. No se limita a imponer multas: también busca evitar que una candidatura obtenga ventajas mediante recursos no reportados.
¿Qué se debe vigilar rumbo a las elecciones de 2027?
Los recorridos y eventos políticos pueden continuar mientras el INE analiza los nuevos lineamientos. Sin embargo, la población puede identificar posibles irregularidades cuando se utilicen instalaciones públicas, vehículos oficiales, personal gubernamental o programas sociales para beneficiar a una persona aspirante.
También será importante conocer si el Consejo General finalmente aprueba reglas que obliguen a los partidos a reportar ingresos y gastos antes del inicio de las precampañas.
El desafío para el INE será establecer límites claros sin impedir la organización interna de los partidos. La discusión central consiste en garantizar que cualquier promoción política sea transparente y que la ciudadanía pueda saber quién paga las actividades realizadas rumbo a las elecciones de 2027.
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