Trump considera los aranceles como una herramienta fundamental para el éxito de su gestión, aunque los argumentos con que los justifica en el Project 2025 -el documento que ha servido como la hoja de ruta de su segundo mandato- sobrestimada su eficacia, al ignorar las repercusiones por las medidas que adopten otros gobiernos y las condiciones estructurales de la economía de su país. Esto no le ha impedido prometer que, a pesar de los efectos inflacionarios por su aplicación generalizada, los aranceles financiarían la eliminación de algunos impuestos, como el de los ingresos por propinas a los trabajadores del sector de la hospitalidad.
El reporte indica que estos gravámenes: i) corregirán el déficit comercial, sin considerar la dotación de recursos naturales en su territorio y las características de la industria; ii) revitalizarán la producción manufacturera, pasando por alto las restricciones del mercado laboral; iii) fortalecerán la seguridad nacional, al reducir la dependencia en las cadenas de suministro extranjeras en bienes que se consideran estratégicos, como los medicamentos de última generación; y, sobre todo iv) serán un elemento de presión sobre otros países.
El último reporte de la Oficina del Censo de Estados Unidos indica que el déficit comercial pasó de 54,600 millones en abril a 77,600 en mayo, en tanto que de los 233 países y territorios con los que ese país tiene relaciones comerciales, hay un superávit con 133 de ellos, una balanza en equilibrio con 9 y déficits con 91, que incluyen a sus principales proveedores, como México, Canadá y China. Ante esta situación, la oficina del Representante Comercial (USTR) prepara los aranceles que sustituirán a los de la sección 122 de la Ley de Comercio, que expiran este 23 de julio, para que entren en vigor al día siguiente debido a que el congreso no aprobará su extensión.
Así como los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras no dejaban dormir a Scrooge, el personaje principal en la novela de Dickens, los aranceles le deben haber quitado el sueño en varias ocasiones al secretario Ebrard desde que López Obrador lo mandó, en junio de 2019, a evitar que Trump impusiera un arancel del 5 por ciento a las importaciones mexicanas, cuando la responsable era Graciela Márquez. El gobierno de Trump consideraba entonces que Ebrard era uno de los muy pocos a los que el expresidente escuchaba, por lo que durante su gestión como secretario de Relaciones Exteriores Washington se dirigió a el para los asuntos económicos más delicados, llegando a acuerdos que no fueron endosados por el sector privado mexicano.
Como titular de la secretaría de Economía, Ebrard ha lidiado con una larga lista de aranceles: el del fentanilo (derogado por la suprema corte estadounidense y el único de esta lista que no está en vigor); los del 50 por ciento al acero, aluminio y cobre; el del 25 por ciento a los vehículos ligeros y autopartes; los del 10 por ciento a los camiones, vehículos pesados y a productos de madera; el del 10 por ciento por la sección 122 y la eliminación del de minimis. El cabildeo del sector privado de Estados Unidos fue clave para lograr las excepciones para autos, camiones y autopartes mexicanas y para los productos que cumplan las reglas de origen, pues los insumos mexicanos representan el mayor contenido extranjero en la producción de ese país. La falta de comunicación con el Capitolio se ha reflejado en que no se haya presentado ninguna propuesta de ley para eliminar algún arancel a los productos mexicanos, a diferencia de Canadá.
El USTR pretende anunciar para finales de este mes dos nuevos aranceles, uno por producir utilizando trabajo forzado y otro por lo que ha denominado exceso de capacidad productiva, que sustituirán a los de la sección 122. El primero se aplicaría a México, Canadá y a otros 58 países por no contar o no haber implementado adecuadamente leyes que eviten esta situación e iría del 10 al 12.5 por ciento. La semana pasada, el USTR organizó una audiencia pública donde participaron 140 representantes de los países afectados y de la industria estadounidense, donde se concluyó que los aranceles no son la mejor manera para corregir este problema, abriendo la puerta para diversas impugnaciones.
El arancel por exceso de capacidad se aplicaría a 16 de los principales proveedores de la Unión Americana. La audiencia pública se realizó en mayo, siendo la industria automotriz la que se vería más afectada en el caso de México. La secretaría de Economía participó en ambas audiencias, pero no ha hecho ningún comentario.