Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la comunidad indígena de La Candelaria, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estableció un precedente que no sólo reconoce su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno, sino que también impone obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas del presupuesto público que reciba y el cumplimiento de los derechos humanos.
La sentencia, aprobada por unanimidad, también abre la posibilidad de que las autoridades intervengan cuando las comunidades incumplan la legislación vigente, incluso en prácticas que históricamente han sido justificadas bajo el argumento de “usos y costumbres”, como los matrimonios infantiles.
De acuerdo con la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien elaboró el proyecto de resolución, el fallo reconoce derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero también reafirma que dichos derechos deben ejercerse dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos humanos.