La condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha provocado una reacción inmediata del Ejecutivo y de los socios del bloque de investidura del Gobierno, que han convertido el debate jurídico en un enfrentamiento político de primer nivel. La resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz, que impone penas de inhabilitación por el caso de la contratación del músico en la Diputación de Badajoz, ha reabierto el choque entre el PSOE y parte de la judicatura.
La respuesta no se ha limitado a cuestionar la sentencia. Desde La Moncloa y los grupos que sostienen la mayoría parlamentaria se ha instalado la idea de que el Gobierno afronta una “ofensiva judicial” destinada a erosionar al presidente y acelerar un cambio político que no ha sido posible en las urnas. El fallo llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que acumula varios procedimientos judiciales como el caso Koldo, el caso Leire Díez o el caso Plus Ultra en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La condena a David Sánchez coincide con la investigación abierta contra la esposa del presidente Begoña Gómez, las causas derivadas del caso Ábalos y las dificultades parlamentarias para sacar adelante iniciativas clave, como el techo de gasto y unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ese contexto explica la dureza de la reacción socialista.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en verbalizar la tesis que posteriormente asumieron otros dirigentes del partido. Según sostuvo, la resolución judicial persigue “derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas” y constituye un nuevo episodio de una estrategia destinada a desgastar al Ejecutivo mediante los tribunales. “Esta época se estudiará en los libros de Historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales”, ha dicho el exalcalde de Valladolid que, ya el mes pasado, había dicho en los pasillos del Congreso que había un supuesto complot para tumbar al Ejecutivo por “métodos no democráticos”.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió en que la sentencia será recurrida y expresó su confianza en que instancias superiores revocarán el fallo. Desde el Ejecutivo sostienen que durante el juicio “no se acreditó ninguna prueba suficiente” para justificar una condena y consideran que la resolución responde a una interpretación jurídica que será revisada. “Esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar”, censuró la también ministra de Inclusión y Migraciones.
El PSOE habla de una persecución contra Sánchez
La dirección socialista ha elevado el tono político. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, aseguró que tanto David Sánchez como el exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo cuentan con el respaldo del partido y defendió que la resolución forma parte de una estrategia para desgastar al Ejecutivo progresista. Según Torró, cuando “se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, fue aún más explícito. A su juicio, el proceso judicial constituye “el triunfo de la estrategia de la ultraderecha”, recordando que la causa nació a partir de denuncias impulsadas por organizaciones como Manos Limpias y que las acusaciones iniciales —entre ellas fraude fiscal o enriquecimiento ilícito— fueron descartándose durante la investigación hasta desembocar en la condena por prevaricación administrativa. Para López, el objetivo nunca fue perseguir un delito, sino perseguir “a una persona por ser el hermano del presidente del Gobierno”.
Sumar y ERC cargan contra la actuación judicial
Los socios del PSOE también cerraron filas. Desde Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez calificó de “desproporcionada” la condena de nueve años de inhabilitación y lanzó una advertencia sobre el deterioro institucional. En su opinión, determinadas resoluciones judiciales están poniendo “muy difícil creer en el Estado de Derecho”. La portavoz adjunta del grupo y representante de los Comuns, Aina Vidal, compartió ese diagnóstico y vinculó esta sentencia con otras investigaciones que afectan al entorno del presidente.
Más contundente fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien definió la condena como “una sobrada importante” y sostuvo que el PSOE está experimentando ahora una situación que durante años han denunciado otras formaciones políticas como los independentistas o Podemos. Rufián defendió que una reforma del Poder Judicial debería convertirse en una prioridad política para evitar, según afirmó, persecuciones motivadas por razones ideológicas. “La derecha y la ultraderecha deberían saber que estos son votos para Sánchez, porque es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara”, ha lanzado el portavoz de los republicanos.
VIDEO | David Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público.https://t.co/ouVHDtANUT pic.twitter.com/4Kk3f0dQHc
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 14, 2026
En el Gobierno consideran que el procedimiento nunca tuvo como finalidad exclusiva investigar la contratación de David Sánchez. La interpretación que manejan es que la causa perseguía, desde su origen, erosionar políticamente al presidente mediante actuaciones dirigidas contra su entorno familiar.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que cuando se inició el procedimiento, Pedro Sánchez ni siquiera ocupaba la Presidencia del Gobierno y destacan que Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, apoyaba en aquellas fechas la candidatura de Susana Díaz en las primarias socialistas. Ese argumento sirve al PSOE para cuestionar la hipótesis de que Gallardo hubiera actuado buscando un supuesto favor político hacia quien, en aquel momento, ni lideraba el Ejecutivo ni contaba con el control interno del partido.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz se atreven a aventurar “como contra hipótesis” que el objetivo era “favorecer” al hermano del que “sería reelegido secretario general del partido y, con el tiempo, presidente del Gobierno”, para “congraciarse” con él después de haber apoyado a su rival en la interna socialista. @mundiario