La relación entre Estados Unidos y el Tribunal Penal Internacional (TPI) nunca ha sido sencilla, pero la nueva campaña anunciada por la Administración de Donald Trump marca un punto de inflexión en ese enfrentamiento. El Gobierno estadounidense ha elevado considerablemente el tono al comprometerse a impulsar una estrategia destinada a limitar la capacidad operativa del tribunal con sede en La Haya, mientras la Unión Europea ha respondido con una defensa contundente de la institución y de la arquitectura jurídica internacional nacida tras la II Guerra Mundial.
El enfrentamiento no es únicamente una disputa legal. Se trata de un pulso político que afecta a la credibilidad del orden internacional, a las relaciones entre aliados occidentales y a la forma en que cada bloque interpreta el alcance de la soberanía estatal frente a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
El detonante de esta nueva crisis fue el anuncio realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien presentó una campaña gubernamental destinada a debilitar y “desmantelar” al Tribunal Penal Internacional. En un vídeo difundido públicamente y en un artículo de opinión, Rubio sostuvo que el tribunal representa “una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense” y acusó a la institución de atribuirse competencias que, a juicio de Washington, nunca le fueron concedidas.
Según explicó posteriormente el Departamento de Estado, la estrategia contempla un amplio abanico de medidas destinadas a reducir la capacidad del tribunal para actuar contra ciudadanos estadounidenses.
El comunicado oficial sostiene: “El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense, pues se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”.
La Administración estadounidense asegura que desarrollará una campaña de carácter gubernamental para impedir que el tribunal pueda “operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses” o, en palabras del propio Departamento de Estado, “amenazar la soberanía de Estados Unidos”.
Entre las medidas estudiadas figuran nuevas sanciones, mayor presión diplomática sobre terceros países e incluso iniciativas para convencer a otros Estados de abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al TPI.
La respuesta inmediata de la Unión Europea: es "inaceptable"
El portavoz comunitario Anouar El Anouni defendió el papel del Tribunal Penal Internacional y rechazó frontalmente tanto las amenazas como las presiones dirigidas contra la institución. En nombre de la Comisión Europea afirmó que “estamos firmemente comprometidos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad. Los ataques o amenazas contra el tribunal, sus responsables electos, su personal o quienes cooperan con él son simplemente inaceptables”.
Bruselas rechazó también el argumento central utilizado por Washington: que el tribunal constituye una amenaza para la soberanía de los Estados. Según El Anouni: “El TPI no apunta contra Estados soberanos ni constituye una amenaza para su soberanía”.
Añadió además que la jurisdicción del tribunal no se dirige contra países, sino contra personas presuntamente responsables de algunos de los delitos más graves contemplados por el Derecho Internacional, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Precisamente la palabra “soberanía” se ha convertido en el eje del enfrentamiento, ya que, para Washington, ningún organismo internacional puede ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento expreso del país. Al no haber ratificado nunca el Estatuto de Roma, Estados Unidos sostiene que el tribunal carece completamente de autoridad para actuar sobre militares, funcionarios o responsables políticos estadounidenses.Marco Rubio resumió esa visión afirmando: “El TPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, tratados y la fuerza del llamado Derecho Internacional”. Desde la óptica europea, sin embargo, esa interpretación simplifica el funcionamiento del tribunal.
El TPI únicamente puede investigar delitos cometidos en territorio de Estados que hayan aceptado su jurisdicción, casos remitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o situaciones en las que un Estado no pueda o no quiera investigar presuntos crímenes internacionales.
No actúa automáticamente sobre cualquier ciudadano extranjero ni posee jurisdicción universal absoluta.
Una campaña de presión mucho más amplia
La estrategia estadounidense no se limitaría al propio tribunal, ya que el Departamento de Estado ha adelantado que también ejercerá presión diplomática sobre países que mantengan su respaldo al TPI mientras reciben ayuda estadounidense. De este modo, el plan contempla incrementar el escrutinio sobre gobiernos aliados, persuadir a otros Estados para abandonar el Estatuto de Roma y utilizar todos los instrumentos diplomáticos disponibles para aislar progresivamente al tribunal.La Administración Trump ya había impuesto anteriormente sanciones individuales contra miembros del TPI, incluidos magistrados y el fiscal jefe, medidas que afectaron tanto a restricciones financieras como a prohibiciones de entrada en territorio estadounidense. La nueva campaña representa una ampliación considerable de esa estrategia, ya que busca afectar al funcionamiento general de la institución y reducir su capacidad operativa.
En los últimos años el tribunal ha emitido órdenes de detención contra dirigentes internacionales por presuntos crímenes de guerra y ha abierto investigaciones sobre conflictos de enorme sensibilidad política. La Administración estadounidense considera que el tribunal ha ido ampliando progresivamente su ámbito de actuación más allá del mandato original con el que fue concebido.
Desde Bruselas, en cambio, el fortalecimiento del TPI se interpreta como un elemento esencial para combatir la impunidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no desean investigar determinados delitos internacionales. Por ello, la respuesta europea busca proteger no solo una institución concreta, sino el principio de que determinados crímenes pueden ser perseguidos mediante mecanismos multilaterales cuando concurren las condiciones previstas por el Derecho Internacional.
Aunque Estados Unidos y la Unión Europea mantienen una estrecha cooperación en numerosos ámbitos estratégicos, el enfrentamiento sobre el Tribunal Penal Internacional evidencia que persisten profundas diferencias sobre el funcionamiento del orden jurídico internacional. @mundiario