La política mexicana atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. No solo por la creciente polarización o por la concentración del poder en una sola fuerza política, sino por la normalización de conductas que hace apenas unos años habrían sido suficientes para cancelar cualquier aspiración de ocupar un cargo de alta responsabilidad institucional.

El mejor ejemplo de ello es la pretensión del senador Gerardo Fernández Noroña de regresar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, una de las posiciones más importantes del Poder Legislativo. Su aspiración ha provocado resistencias incluso dentro de Morena, donde varios legisladores consideran que su rudimentario estilo y sus constantes polémicas no ayudan a fortalecer la imagen de la Cámara alta.

La oposición no es exclusiva de los grupos parlamentarios adversarios. También en el oficialismo existen voces que consideran inconveniente su regreso. El coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, Ignacio Mier, ha manifestado reservas sobre esa posibilidad, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento público. Como ocurre con frecuencia, el debate político quedó desplazado por los descalificativos personales, al grado de que Noroña calificó a Mier de “faccioso” e “irresponsable”, profundizando la confrontación interna.

Más allá del diferendo entre dos morenistas, el verdadero debate es otro: ¿en qué momento personajes cuya principal carta de presentación son el insulto permanente, la descalificación y el escándalo comenzaron a ocupar las más altas posiciones del Estado mexicano?

Quien ocupa la presidencia de la Mesa Directiva del Senado representa institucionalmente a la Cámara de Senadores, conduce las sesiones del pleno, garantiza el cumplimiento de la ley parlamentaria y se convierte en uno de los rostros del Poder Legislativo frente a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Se trata de una responsabilidad que exige prudencia, equilibrio, imparcialidad y capacidad para construir consensos, cualidades difíciles de asociar con un político cuya trayectoria ha estado marcada por constantes confrontaciones, ataques personales y un lenguaje que, en múltiples ocasiones, ha rebasado los límites del debate democrático.

La preocupación no radica únicamente en el estilo personal del senador. También pesan las controversias públicas que han rodeado su desempeño y los cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad que ha defendido durante años y diversos aspectos de su situación patrimonial, que han sido motivo de escrutinio público.

Precisamente por tratarse de un servidor público de alto nivel, cualquier duda sobre la evolución de su patrimonio debería disiparse mediante mecanismos transparentes de rendición de cuentas. En una democracia, el principio debe ser claro: quien ejerce poder público también debe estar dispuesto a explicar el origen y la evolución de sus bienes cuando existan cuestionamientos legítimos.

No se trata de condenar sin pruebas ni de sustituir a las autoridades competentes. Corresponde exclusivamente a las instituciones determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o penal. Pero tampoco puede normalizarse que quienes ocupan posiciones de enorme relevancia política descalifiquen cualquier cuestionamiento en lugar de responder con información verificable.

Paradójicamente, Morena llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, combatir la corrupción y dignificar el servicio público. Ocho años después, buena parte de sus dirigentes reproduce las mismas prácticas de confrontación, culto a la personalidad y defensa incondicional de figuras polémicas que tanto criticaban cuando eran oposición.

La discusión, por tanto, trasciende a Fernández Noroña. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que se envía a la sociedad cuando la principal credencial para aspirar a un cargo institucional parece ser la capacidad para generar escándalos mediáticos antes que construir acuerdos.

México enfrenta desafíos enormes: inseguridad, bajo crecimiento económico, incertidumbre jurídica, tensiones con Estados Unidos y una profunda crisis de confianza en las instituciones. En ese contexto, el Senado necesita liderazgos que fortalezcan la credibilidad del Poder Legislativo, no que alimenten diariamente la polarización.

La ciudadanía merece representantes que privilegien el debate de las ideas por encima del insulto; que respeten a quienes piensan distinto y que entiendan que los cargos públicos son temporales, pero las instituciones deben preservarse por encima de cualquier proyecto personal.

La pregunta que debería hacerse Morena antes de definir a su próximo presidente del Senado no es si Gerardo Fernández Noroña tiene derecho a buscar nuevamente esa posición. Desde luego que puede aspirar a ella. La verdadera interrogante es si un perfil permanentemente envuelto en polémicas fortalece o debilita la imagen de una institución que representa el pacto federal.

Porque el problema ya no es únicamente Fernández Noroña. El problema es que la política mexicana parece haber dejado de premiar la capacidad, la mesura y el prestigio institucional para recompensar el escándalo, la estridencia y la confrontación permanente. Esa es, quizá, una de las transformaciones más preocupantes de la vida pública nacional.