Hace tres décadas, la creación del mercado único europeo prometía convertir a la Unión Europea en un enorme espacio económico sin fronteras. La idea era sencilla: que una empresa española pudiera vender, invertir o crecer en cualquier país miembro con la misma facilidad que dentro de su propio territorio. Sin embargo, la realidad es más compleja. Detrás de las fronteras físicas eliminadas entre los 27 Estados siguen existiendo obstáculos invisibles que frenan a muchas compañías y que afectan especialmente a las españolas.
La Comisión Europea considera que esta fragmentación interna es uno de los principales motivos por los que Europa ha perdido terreno frente a potencias como Estados Unidos o China. La Unión cuenta con 450 millones de consumidores, unos 26 millones de empresas y una economía cercana a los 18 billones de euros, pero todavía no logra aprovechar plenamente la dimensión de su propio mercado.
La paradoja europea es que tiene tamaño, talento e infraestructuras, pero continúa funcionando en muchos aspectos como una suma de economías nacionales. La comisaria de Empresas emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha defendido que el debate sobre la competitividad comunitaria se ha centrado demasiado en las debilidades de Europa y no lo suficiente en sus fortalezas. A su juicio, el continente dispone de los recursos necesarios para volver a liderar, siempre que consiga eliminar los obstáculos que frenan su crecimiento.
Bruselas ha identificado diez grandes problemas que impiden que el mercado único funcione con toda su capacidad, conocidas como las Terrible Ten. Entre ellas aparecen la burocracia, las dificultades regulatorias, la falta de integración de servicios, los problemas para escalar empresas innovadoras o las trabas administrativas que dificultan la expansión internacional.
España, entre los países donde más pesa la burocracia
Uno de los principales desafíos para las compañías españolas es precisamente la complejidad administrativa. Las empresas perciben que abrir, gestionar o ampliar una actividad económica continúa requiriendo demasiados trámites, documentación y coordinación entre organismos públicos.
Según el análisis comunitario, las compañías españolas valoran con una puntuación de 2,74 sobre 7 la facilidad para cumplir con la regulación nacional, una cifra que refleja una elevada carga administrativa. La falta de simplificación y de digitalización completa de los procesos aparece como uno de los factores que limita la capacidad de muchas empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Ahora bien, el problema no es menor: la Comisión Europea calcula que el exceso de burocracia supone un coste millonario para la economía comunitaria y se ha marcado como objetivo reducir las cargas administrativas al menos un 25% para el conjunto del tejido empresarial y un 35% para las pymes.
A esta dificultad se suma una menor integración comercial dentro del propio mercado europeo. España intercambia menos bienes y servicios con otros socios comunitarios que la media de la UE. Las exportaciones intracomunitarias de productos representan alrededor del 15,3% del PIB español, frente al 22% del promedio europeo. En servicios, la diferencia también es significativa: un 4,5% frente al 7,9%.
Esta brecha resulta especialmente relevante en un momento en el que los servicios tienen cada vez más peso en la economía: desde la ingeniería y la consultoría hasta la tecnología, el transporte o las actividades digitales.
La innovación sigue siendo la asignatura pendiente
Otro de los puntos débiles de España está relacionado con su capacidad para generar innovación. Aunque el país ha aumentado progresivamente su inversión en investigación y desarrollo, todavía se mantiene por debajo de la media europea.
El gasto español en I+D equivale al 1,5% del PIB, frente al 2,24% comunitario, y lejos del objetivo europeo de alcanzar el 3% en 2030. La diferencia también se refleja en la generación de conocimiento: España registra 45 solicitudes de patentes europeas por cada millón de habitantes, mientras que la media de la Unión alcanza las 152.
Este retraso condiciona la capacidad de las empresas españolas para competir en sectores estratégicos y crear productos de mayor valor añadido. En un escenario global marcado por la inteligencia artificial, la transición energética y la digitalización, la innovación se ha convertido en una cuestión de supervivencia económica.
La energía, una ventaja inesperada para España
No todo el diagnóstico es negativo. España aparece mejor posicionada en uno de los grandes debates actuales de la competitividad europea: el coste energético.
Las empresas españolas soportan un precio medio industrial de la electricidad inferior al promedio comunitario, con unos 0,13 euros por kilovatio hora frente a los 0,16 euros de la UE. Además, el peso de las energías renovables en el consumo final se sitúa prácticamente en línea con la media europea, mientras que el grado de electrificación de la economía española supera ligeramente al conjunto comunitario. Esta ventaja puede convertirse en un elemento estratégico en una Europa que busca reducir su dependencia energética y competir con regiones donde los costes son más bajos.
El reto ahora pasa por transformar esa ventaja en crecimiento empresarial. Bruselas considera que mejorar la competitividad europea requiere combinar menos burocracia, más inversión y un mercado realmente integrado. La portavoz del Parlamento Europeo, Delphine Colard, ha insistido en que la simplificación administrativa debe ir acompañada de nuevas inversiones y de un impulso decidido a la innovación.
El futuro del mercado único dependerá de que los Estados miembros sean capaces de eliminar esas barreras que no se ven, pero que pesan. Para las empresas españolas, superar estos obstáculos podría marcar la diferencia entre seguir compitiendo dentro de un mercado limitado o aprovechar por fin todo el potencial de una Europa de 450 millones de consumidores. @mundiario