Ante el incremento de amenazas y retos virales difundidos en redes sociales, la Secretaría de Educación de Nuevo León se encuentra analizando la posibilidad de regular o prohibir el ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a los planteles escolares para el próximo ciclo escolar.
El titular de la dependencia, Juan Paura García, explicó que tras diversos incidentes registrados en el ciclo anterior, se identificó que muchas de estas conductas son imitaciones de tendencias externas.
“Entendimos que se trataba, muchas de las veces, de consecuencia de lo que se está señalando en redes sociales, de aspectos de novedad y de alguna manera por imitar”, señaló el funcionario.
La medida surge de la necesidad de controlar la difusión de contenido que genera alarma entre la comunidad educativa.
Paura García dijo que el uso de dispositivos propicia que ese tipo de amenazas sean fotografiadas y difundidas dentro de los planteles escolares.
“Lo que complica el manejo de la seguridad institucional”.
El secretario detalló que se está trabajando con directivos y supervisores para fortalecer los protocolos de seguridad.
“Debe quedar muy claro en lo que son nuestros protocolos de seguridad, el control que debemos de tener establecido al momento de permitir o no permitir el acceso a los alumnos con sus medios electrónicos”, expresó el funcionario estatal.
Respaldo de la nueva Ley de Educación
Esta regulación, señaló Paura García, estará respaldada por la nueva Ley de Educación del Estado, la cual otorga las facultades necesarias para establecer normatividades más estrictas sobre el comportamiento y la seguridad escolar.
Sin embargo, la decisión final aún se encuentra bajo revisión técnica y legal.
“Ese es un tema que estamos ahorita en el análisis y en el establecimiento de una nueva normatividad derivada de la ley de educación.
“Ya lo vamos a tener que hacer. La regulación del sí o sí no vamos a tenerla que llevar a cabo posteriormente”.
Paura García aclaró si esta prohibición entrará en vigor de inmediato en el siguiente ciclo.
“Tenemos un margen legal de 160 días hábiles para definir los procesos y realizar mesas de trabajo comparativas antes de emitir la normativa final”.
Mientras se define esta regulación, la Secretaría continuará reforzando la coordinación con las asociaciones de padres de familia y las autoridades municipales para mantener entornos seguros y preventivos, priorizando la comunicación constante sobre las medidas reactivas.