Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó directamente a China de obtener ilegalmente información de 220 millones de votantes y utilizarla dentro de una operación para interferir en el proceso electoral estadounidense desde 2020.

Durante su mensaje a la nación de este jueves 16 de julio, Trump anunció la desclasificación de documentos de inteligencia que, según afirmó, demuestran ataques cibernéticos, adquisición de datos electorales y esfuerzos dirigidos a perjudicar su credibilidad antes de la elección que perdió frente a Joe Biden.

El mandatario sostiene que los archivos incluyen nombres, domicilios, números telefónicos, preferencias partidistas y otros datos que China habría comprado, robado u obtenido mediante ataques informáticos.

También afirma que Beijing creó una unidad especializada para explotar esa información.

Por lo pronto, los archivos deberán ser examinados para establecer qué información está corroborada, cuál procede de fuentes de inteligencia sin confirmar y qué relación tendría con la votación de 2020.

Sin embargo, es importante mencionar que, por ahora, la publicación de documentos desclasificados no demuestra por sí sola que China haya modificado votos, introducido boletas falsas o cambiado el resultado de la elección presidencial.

De hecho, la acusación entra en conflicto con la evaluación desclasificada que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó en marzo de 2021.

Ese informe concluyó con “alta confianza” que China consideró operaciones de influencia, pero no desplegó acciones destinadas a cambiar el resultado de la elección presidencial.

La evaluación sí reconoció que un funcionario de inteligencia especializado en asuntos cibernéticos consideraba que Beijing había realizado algunas acciones para perjudicar la reelección de Trump.

La diferencia será determinante pues obtener datos de votantes representa una amenaza de seguridad, pero no equivale automáticamente a intervenir en el conteo, alterar máquinas o fabricar votos.

Además, también es importante mencionar que se realizaron auditorías, recuentos y procesos judiciales en los que tampoco encontraron un fraude capaz de modificar el resultado nacional de 2020.

A partir de las revelaciones del mandatario estadounidense se abren cinco escenarios políticos, legales y diplomáticos.

1. Crisis diplomática con China

La consecuencia internacional más inmediata puede ser un deterioro de la relación entre Washington y Beijing.

Trump no acusó únicamente a grupos de hackers o empresas privadas, señaló directamente a la República Popular China y afirmó que sus autoridades dirigieron una operación para obtener y explotar información electoral estadounidense.

La acusación ocurre dos meses después de que Trump y Xi Jinping, presidente de China, acordaran construir una relación de “estabilidad estratégica”.

El gobierno chino también había anunciado una visita de Estado de Xi a Estados Unidos durante el otoño de 2026.

A la espera de saber la postura de China, es previsible que una respuesta dura de Beijing podría complicar esa visita y afectar negociaciones comerciales, tecnológicas, diplomáticas y de seguridad.

Incluso China también podría exigir que Washington retire las acusaciones o presente públicamente pruebas que vinculen al gobierno con el acceso a los registros.

Entonces, en el escenario más moderado se esperaría que ambos países separaran el conflicto electoral de sus conversaciones económicas, mientras que el más grave incluiría sanciones estadounidenses, restricciones tecnológicas, expulsiones diplomáticas o medidas de represalia por parte de China.

2. Batalla en agencias de inteligencia

El presidente Trump aseguró que funcionarios estadounidenses ocultaron durante años información sobre las presuntas acciones de China e impidieron que los reportes llegaran a sus sesiones informativas presidenciales.

Esa acusación puede provocar una disputa directa con antiguos responsables de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Antes del discurso, legisladores demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes recordaron que el presidente tiene autoridad para desclasificar información, pero advirtieron que su publicación no debe comprometer fuentes o métodos ni presentar de forma engañosa los análisis de las agencias.

También solicitaron que el Congreso sea informado sobre cualquier inteligencia nueva relacionada con interferencia electoral.

El Congreso podría convocar audiencias para comparar los documentos publicados con la evaluación de 2021 y determinar:

• quién elaboró los nuevos informes;
• qué nivel de confianza tienen sus conclusiones;
• si contienen inteligencia confirmada o información preliminar;
• por qué no fueron incluidos en evaluaciones anteriores;
• si realmente fueron ocultados al presidente y al Congreso.

Esta revisión puede convertirse en una investigación sobre China, pero también en una confrontación sobre la independencia y credibilidad de los servicios de inteligencia estadounidenses.

3. Investigaciones penales y sanciones

Si los documentos contienen pruebas verificables de ataques informáticos, robo de bases de datos o participación de funcionarios chinos, el Departamento de Justicia podría abrir investigaciones o ampliar las que ya estén en curso.

Los posibles objetivos serían hackers, empresas utilizadas como intermediarias, funcionarios de inteligencia o personas que hubieran adquirido y explotado ilegalmente datos de los votantes.

Estados Unidos ha respondido anteriormente a operaciones cibernéticas extranjeras mediante acusaciones penales, sanciones económicas, restricciones de viaje y exposición pública de las unidades responsables.

Para llegar a ese punto, el gobierno deberá presentar información que pueda sostenerse jurídicamente y no únicamente evaluaciones clasificadas.

Trump también ordenó al FBI revisar una investigación sobre registros electorales presuntamente fraudulentos en Michigan.

La Casa Blanca afirma que algunas personas habrían recibido tarjetas de regalo por presentar solicitudes de registro, pero ese caso es distinto de la acusación contra China y deberá probarse de manera independiente.

Que existan formularios sospechosos tampoco significa que esos registros fueran aprobados o que se hubieran utilizado para emitir votos.

4. Nuevas reglas para votar y demandas

Se prevé que el presidente Trump utilice las acusaciones contra China como argumento para presionar al Congreso a aprobar la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse, identificación al votar y revisiones periódicas de los padrones estatales.

También volvió a cuestionar el voto por correo y afirmó que aproximadamente 278 mil personas no ciudadanas aparecen registradas en padrones federales, según una revisión del Departamento de Seguridad Nacional.

No obstante, hasta el momento Casa Blanca no ha publicado junto con esa cifra una metodología completa que permita verificar cuántas personas votaron, si los registros estaban actualizados o si algunas obtuvieron posteriormente la ciudadanía.

Por eso es importante mencionar que la aprobación de cambios nacionales no dependerá únicamente del presidente, ya que la Constitución permite al Congreso establecer reglas para las elecciones federales, mientras que los estados y condados continúan administrando buena parte de los registros, las boletas, los centros de votación y los conteos.

Las nuevas exigencias podrían provocar demandas de organizaciones civiles y gobiernos estatales si consideran que dificultan el registro de ciudadanos, afectan el voto por correo o permiten eliminar electores elegibles de los padrones.

Este es un tema que desde hace tiempo es parte de la discusión pública y, de hecho, el proyecto permanece atorado en el Congreso, de modo que aunque fuera aprobado, sus disposiciones no entrarían necesariamente a tiempo para modificar las elecciones legislativas de noviembre.

5. China queda en la mira

Mientras se realiza la revisión de los documentos, y se establecen las rutas legales a seguir, especialistas alertan que Trump podría utilizar la denuncia para colocar la seguridad electoral, la ciudadanía de los votantes y el voto por correo en el centro de las elecciones de medio término, en las que estarán en disputa el control de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Los republicanos pueden presentar la desclasificación como prueba de que se necesitan controles federales más estrictos.

Los demócratas, por su parte, sostienen que Trump intenta desacreditar anticipadamente las elecciones y crear una justificación para intervenir en procesos estatales o cuestionar resultados desfavorables.

Esa disputa podría reducir la confianza de los votantes incluso si las investigaciones posteriores no encuentran pruebas de que Beijing alteró votos.