Con 30 votos a favor, el Congreso de Sinaloa avaló atrasar la elección de juzgadores al 2028, un año después de la fecha provista para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estatales, bajo la justificación de "abaratar costos".
Las modificaciones, aprobadas por la mayoría morenista, reforman el segundo artículo transitorio del Decreto 86, publicado el 18 de marzo de 2025, en el que anunciaba que la elección de personas juzgadoras se llevaría a cabo a la par de la elección intermedia de 2027 en la que se renovará su Gubernatura, Alcaldías y Congreso.
Con ello, también se ordena un cambio al cuarto transitorio, que establece que tanto el TDJ como el OAJ arrancarán funciones posterior a la elección. Será en esa fecha cuando ambos organismos reemplacen al Consejo de la Judicatura del Estado, que permanecerá activo hasta que los ganadores deban rendir protesta.
El mismo caso ocurre con las Magistradas y Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes extenderán sus funciones por un año más, hasta que se consume la votación.
Otro cambio que se establece es el período en el que durarán al frente los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial pues, por única ocasión, se reducirá un año su función. De este modo, se prevé elegir a una persona titular por dos años, otra por cinco y una más por ocho.
Para el caso de las y los juzgadores que decidan no postularse para el proceso judicial, se prevé hacerlas beneficiarias de un haber de retiro proporcional al tiempo que hayan ejercido profesionalmente en el Poder Judicial, siempre y cuando no tengan derecho al retiro voluntario.
Tras la aprobación, tocará al Congreso de Sinaloa realizar las modificaciones de leyes secundarias que sean necesarias para la realización de este ejercicio.
Este proyecto, por el que votaron en contra el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, se justifica en el presunto "ahorro de recursos" que significaría al Estado realizar un proceso separado de los comicios ordinarios, la posibilidad de mejorar la organización entre los entes judiciales tanto locales como federales, y mejorar la preparación técnica del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).
Al respecto, el diputado local panista Jorge González Flores negó que esto necesariamente signifique una reserva para el Estado, y advirtió un debilitamiento del sistema de justicia derivado de decisiones que, dijo, son improvisadas.
"Estamos en contra porque esta reforma representa un paso más en el proceso de debilitamiento deliberado de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la independencia del Poder Judicial (...) Esta reforma implica una mayor presión para las finanzas públicas del Estado y evidencia nuevamente la falta de planeación con la que se impulsaron estos cambios", reprochó desde tribuna.