La difusión de un video que muestra una bóveda repleta de automóviles deportivos de lujo ha causado impacto en redes sociales. En las imágenes se observan modelos de Ferrari, Lamborghini y Porsche, entre otros vehículos de distintos colores, que presuntamente pertenecían a Justo Aurelio “N”, detenido durante un operativo federal en Mérida, Yucatán.
De acuerdo con las autoridades, el hombre es identificado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo con presencia en distintas regiones del país.
Una colección de autos valuada en millones
Según la Secretaría de Marina (Semar), el despliegue fue resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El material que circula en redes sociales exhibe el interior de un exclusivo garaje donde permanecían resguardados los vehículos de alta gama.
La grabación comenzó a viralizarse luego de que el Gabinete de Seguridad confirmara que, durante cuatro cateos realizados en Yucatán, fueron asegurados 15 automóviles de lujo, además de otros bienes con un valor estimado superior a los 145 millones de pesos.
???La que corre y vuela
— Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 19, 2026
La bóveda para autos de alta gama, del empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales.
Debe contar con clima controlado, seguridad 24/7, además de servicios de mantenimiento preventivo y detallado automotriz. pic.twitter.com/sh9hojaG75
Cae Justo Aurelio “N” en Mérida
Además de los vehículos deportivos, las autoridades informaron el aseguramiento de una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica y equipos de comunicación
De acuerdo con la Semar, las investigaciones identifican a Justo Aurelio “N” como uno de los principales presuntos articuladores de esquemas de lavado de dinero para el Cártel de Noroeste, por lo que el aseguramiento de los bienes representa un golpe a su estructura financiera.
Fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. No obstante, será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad conforme avance el proceso penal.