Poca duda cabe de que el denominado “huachicol fiscal” constituye uno de los problemas estructurales más relevantes del país. La magnitud del boquete fiscal que dicha actividad delictiva ha generado en las finanzas públicas no deja lugar a dudas: 600 mil millones de pesos en impuestos no pagados es una cantidad monstruosa.
El problema de fondo con esta actividad delictiva es que resulta imposible de explicar sin la participación de servidores públicos del más alto nivel. Porque no estamos hablando de delitos que se cometen entre particulares, como el tráfico de estupefacientes, el secuestro o el “cobro de piso”.