MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2026.- En un contexto en el que los propios diputados mantienen pendientes legales en temas clave, el Congreso de Michoacán irrumpió en el proceso interno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y elevó la presión sobre la ruta de relevo en la rectoría, una elección inédita que aún atraviesa ajustes internos y podría consumarse hasta noviembre.

En rueda de prensa, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, del PT, anunció que este miércoles se presentará ante el Pleno un exhorto para requerir a la Universidad la emisión, en un plazo de 15 días, de los reglamentos que darán forma al proceso.

El Legislador sostuvo que la universidad incumple el mandato establecido en su Ley Orgánica, publicada mediante el decreto 163 el 8 de marzo de 2025, que otorgó 190 días hábiles para adecuar su normativa interna. El plazo venció el 4 de diciembre de 2025.

“Al día de hoy la Universidad tiene un retraso aproximado de cuatro meses, en los cuales no ha emitido ningún reglamento, ninguna modificación, ningún documento reglamentario”, acusó el representante popular del distrito 8 con cabecera en Tarímbaro.

Pero el posicionamiento no se quedó en el plano técnico. Gaona incorporó un componente de valoración política al señalar que el incumplimiento podría ser faccioso con la intención de favorecer a algún aspirante.

El exhorto, en ese sentido, se inserta en un momento particularmente sensible para la vida universitaria, al coincidir con el proceso de sucesión en la rectoría, que actualmente no cuenta con reglas completamente definidas ni con la comisión formalmente instalada para conducir la elección.

“El problema de esto es que al día de hoy no hay un reglamento de elecciones, muchos aspirantes a la rectoría no saben sobre qué reglas van a participar”, señaló, al advertir también un eventual escenario de “ingobernabilidad”.

UMSNH, en reconfiguración interna

Desde la Rectoría, la explicación del proceso se ha planteado en términos de una secuencia institucional más amplia. En febrero pasado, la rectora Yarabí Ávila González señaló que la definicióm de la elección no puede aislarse de la renovación de los órganos de gobierno universitario.

“Estamos ahorita en un proceso de elección de Consejos Técnicos, que son los cuerpos máximos de autoridad en cada una de las facultades, enseguida viene cambio de 22 direcciones, después se cambia a 98 personas del Consejo Universitario”, explicó.

Esta etapa, de acuerdo con su planteamiento, antecede a la emisión de la normativa restante. Actualmente, indicó, la universidad reporta un avance del 70 por ciento en su marco reglamentario.

“Ahorita tenemos el 70 por ciento de los reglamentos aprobados, nos falta el 30 por ciento de toda la normativa universitaria”, precisó.

Bajo esa lógica, la revisión de los instrumentos pendientes se ubica en una etapa posterior.

“Después de julio ya empezaremos a verificar qué otro tipo de reglamentos nos hacen falta”, indicó.

El calendario institucional que ha visualizado la Rectoría ubica la definición del relevo hacia finales de año.

“A finales de año ya tendremos el conocimiento de quién será el rector o la rectora en el mes de noviembre para poder llevar una transición tersa”, afirmó.

Ruta inédita de elección

Más allá de los tiempos, el proceso incorpora un cambio de fondo en el mecanismo de designación.

“Será de manera democrática, votarán los tres sectores, estudiantes, docentes y administrativos”, explicó la rectora.

El esquema contempla una votación directa de la comunidad universitaria, seguida de una fase de revisión a cargo de una comisión que evaluará perfiles, trayectorias y resultados de votación para integrar un grupo final de cuatro aspirantes, dos mujeres y dos hombres.

“Habrá una comisión para la elección de rector o rectora, revisarán desde el currículum, analizarán las votaciones”, detalló.

Este diseño representa una modificación sustantiva respecto de los mecanismos tradicionales de designación en la universidad y abre un proceso cuya implementación aún depende de la normativa pendiente.

La Rectoría ha planteado que su administración ha impulsado una actualización del marco normativo institucional, con el objetivo de sustituir reglamentos y estatutos con décadas de antigüedad, así como ordenar procesos internos mediante órganos colegiados.

En ese marco, distintas voces al interior de la comunidad universitaria han valorado de manera diferenciada el estilo de conducción de la actual administración, que algunos sectores identifican como estricta en la aplicación de reglas y decisiones, lo que también ha derivado en resistencias internas.

Emisarios

El proceso se desarrolla además en un entorno político que trasciende lo estrictamente universitario.

La Rectora ha advertido sobre posibles intentos de intervención externa en la sucesión, en un contexto nacional donde los procesos universitarios han adquirido relevancia política, con intromisiones del gobierno que han llegado a extremos de encarcelar a rectores.

En el fondo del diferendo está la autonomía, que reconoce a la UMSNH la facultad de gobernarse y definir sus procesos internos sin injerencia externa, lo que vuelve delicada cualquier intervención desde el poder legislativo en la elección de sus autoridades.

En Michoacán, esta dinámica se entrelaza con la relación entre la Rectoría y el Ejecutivo estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, respecto de la cual se ha advertido un distanciamiento que deja ver un rompimiento político.

A ello se suma la presencia reciente de Ávila González en espacios públicos junto a Raúl Morón Orozco, actor político que se perfila en la contienda estatal y que mantiene diferencias con Ramírez Bedolla.

En este escenario, el posicionamiento del Congreso, encabezado por Gaona García, identificado como un perfil cercano al Ejecutivo estatal, introduce un elemento adicional en la dinámica del proceso universitario.

Doble rasero de los diputados

El señalamiento del Congreso hacia la universidad se produce mientras el propio Poder Legislativo mantiene pendientes concretos. Entre ellos, un retraso superior a cuatro meses en la emisión de leyes secundarias en materia de transparencia, tras la desaparición del órgano garante estatal.

Al respecto, la titular de la Contraloría del Congreso, Brenda Fraga, atribuyó el retraso en la emisión de leyes secundarias a la carga de trabajo de diciembre por el presupuesto y confió en que se concreten en febrero. 

Sostuvo que el incumplimiento del plazo de 120 días no constituye un desacato, sino un "desfase" que pudde corregirse, al señalar que ese plazo es "referencial", pero que lo prioritario es establecer criterios claros en la legislación.

Asimismo, el Congreso ha iniciado apenas los trabajos para dar cumplimiento a la consulta indígena en materia educativa ordenada desde 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que a la fecha exista una ruta concluida.

En ese contexto, el exhorto a la UMSNH se coloca en un terreno donde convergen exigencias legales, tiempos institucionales y lecturas políticas.

Así, mientras la universidad avanza en la construcción de un proceso interno que combina renovación de órganos, actualización normativa y un modelo de elección inédito, el Congreso fija plazos y condiciones desde el ámbito legislativo.

El resultado de esa interacción no sólo definirá el relevo en la Rectoría, sino también el alcance de la intervención política en uno de los procesos más sensibles de la vida pública universitaria en Michoacán.

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