La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, manifestó que la postura del Grupo IDEA no es una defensa desinteresada del Estado de derecho, sino un intento de trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades y a los tribunales mexicanos, como el caso de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo por encabezar una red de huachicol fiscal.
Señaló que quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México, y resaltó que entre los firmantes de esa postura se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos.
“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”, manifestó la lider de Morena.
Recordó que desde 2018, el pueblo de México tomó su destino en sus manos, y no optó por una simple alternancia partidista ni un cambio de personas en los cargos públicos, sino que inició una verdadera y profunda transformación del modelo político, económico, social y judicial.
Montiel Reyes manifestó que, en lo político, la democracia dejó de ser un acuerdo entre élites y recuperó su sentido original: el poder dimana del pueblo, se ejerce para el pueblo y está sujeto al mandato popular.
En lo económico, añadió, el Estado dejó de organizarse para proteger privilegios y volvió a colocar en el centro el bienestar, los derechos sociales y la dignidad de las mayorías. Y en lo judicial, expuso, comenzó el desmontaje de un sistema corrupto, distante, selectivo y capturado durante décadas por intereses económicos y políticos.
“La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, manifestó.
La presidenta nacional de Morena señaló que se terminaron los pactos de impunidad. “Una trayectoria política, un apellido, una fortuna o una red de relaciones de poder nacionales o internacionales ya no constituyen un salvoconducto frente a la ley”.
Aseveró que haber sido el primer gobernador de oposición derivado de una concertación política que avaló el fraude electoral de 1988, no concede inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución.
Expuso que en el caso de Ernesto Ruffo Appel se ha actuado dentro del marco de la ley, pues ha contado con defensa, compareció ante una autoridad judicial, participó en una audiencia prolongada y ha podido promover medios de impugnación.
La causa no surgió de una consigna política, sino de una investigación de alrededor de un año relacionada con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques.