La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) afirmó que la investigación judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, constituye un acto de persecución política y una vulneración al debido proceso en el país.
A través de un comunicado firmado por al menos 25 exjefes de Estado y de Gobierno, la organización sostuvo que la privación de la libertad y el proceso penal contra el primer gobernador opositor electo en México atentan contra la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.
El colectivo advirtió que la utilización del aparato de justicia para castigar la disidencia debilita las instituciones democráticas y el Estado de derecho, por lo que solicitó a la comunidad internacional mantener la vigilancia sobre el caso.
“Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, se puede leer en el posicionamiento firmado incluso por el expresidente de México, Felipe Calderón.
Responde fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la República, (FGR) explicó que el exgobernador de Baja California no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos y afirmó que se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas.
De acuerdo con la FGR, las indagatorias iniciaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. La evolución de las pesquisas permitió identificar una estructura empresarial interestatal orientada a la importación e introducción irregular de combustible, omitiendo la declaración de 90% del contenido real.
La FGR precisó que Ernesto “N” se incorporó en el 2018 al capital de la principal empresa importadora, donde llegó a desempeñarse como accionista y secretario del Consejo de Administración.
El expediente integra 96 datos de prueba periciales y documentales. Aunque inicialmente se imputó un perjuicio por 100 millones de pesos, el cruce de información aduanera proyecta un daño patrimonial superior a 4,000 millones de pesos.