El 29 de julio, la Fiscalía General de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales, expresidente boliviano. El exmandatario pidió asilo político en México, tras su renuncia en el 2019, y posteriormente se retiró a Argentina.
La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras.