PACHUCA, Hgo., 3 de agosto de 2026.- La muerte de una niña durante un curso de verano en una escuela militarizada de Ciudad Madero ha provocado indignación, investigaciones y exigencias de justicia. Todo ello es indispensable. Sin embargo, si la discusión termina únicamente en determinar quién fue responsable de ese caso, perderemos la oportunidad de enfrentar un problema presente: México carece de una política pública integral para regular uno de los elementos que ocupan las vacaciones: los cursos de verano.
La tragedia no sólo exhibió las posibles fallas de una institución en particular. También dejó al descubierto un vacío normativo que el Estado permitió crecer durante años. Hoy, miles de niñas y niños permanecen bajo el cuidado de escuelas, academias, clubes deportivos, asociaciones civiles, iglesias o empresas privadas durante el receso escolar, sin que exista una autoridad que supervise de manera integral esos servicios.
Durante mucho tiempo se ha presentado a los cursos de verano como actividades recreativas. En realidad, cumplen una función mucho más relevante: forman parte del sistema informal de cuidados que permite a millones de madres y padres continuar con su jornada laboral mientras sus hijos permanecen bajo la custodia de terceros.
Paradójicamente, México discute la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados para la primera infancia, pero prácticamente desaparece cuando se trata de niñas y niños en edad escolar. Después de los seis años parece asumirse que cada familia resolverá sola el problema.
La pregunta que hoy surge es inevitable: ¿quién debía vigilar?
La Secretaría de Educación supervisa algunos aspectos cuando el curso está vinculado a un plantel autorizado. Protección Civil revisa las condiciones del inmueble. Las autoridades sanitarias verifican alimentos, albercas e higiene. Profeco protege los derechos del consumidor. Las procuradurías intervienen cuando existe una posible vulneración de derechos y las fiscalías aparecen cuando probablemente se cometió un delito. Cada institución vigila una parte. Ninguna supervisa el conjunto.
Ese modelo genera un fenómeno frecuente en la administración pública: cuando la responsabilidad está fragmentada, nadie asume plenamente las consecuencias. Para las familias, en cambio, la realidad es mucho más simple. Ellas entregan temporalmente la custodia de sus hijos a una institución que adquiere el deber de protegerlos.
Otro problema consiste en regular estos servicios por el nombre que utilizan y no por la función que desempeñan. No importa si se presentan como campamento, academia, curso recreativo o programa vacacional. Si reciben menores durante varias horas, organizan actividades físicas, los alimentan, los transportan o incluso los hospedan, están prestando un servicio de cuidado infantil y deberían cumplir estándares nacionales de protección.
El problema no son los cursos de verano. Miles de ellos realizan un trabajo serio y profesional. El problema es que su calidad depende, en gran medida, de la voluntad de quienes los organizan. No existen criterios nacionales sobre capacitación obligatoria del personal, proporción entre instructores y menores, protocolos para actividades de riesgo o mecanismos públicos que permitan conocer inspecciones, sanciones, seguros o antecedentes de cada prestador.
Las familias terminan contratando prácticamente a ciegas.
México necesita reconocer que los cursos de verano ya forman parte del sistema nacional de cuidados. Eso exige una regulación específica que clasifique los servicios según el nivel de riesgo de sus actividades, establezca requisitos homogéneos de operación y concentre la supervisión bajo una coordinación efectiva entre las distintas autoridades. Regular no significa obstaculizar. Significa prevenir.
La muerte de una niña en Ciudad Madero no debería convertirse en un episodio más del ciclo de indignación, investigaciones y olvido que suele seguir a cada tragedia. Debería marcar el inicio de una reforma que garantice que ninguna institución pueda asumir la custodia de menores sin reglas claras, personal capacitado y mecanismos efectivos de supervisión.
Las de chile seco
En Hidalgo, operan de manera estimada de 300 a 400 cursos de verano. ¿Todo en orden?
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