Desde el año pasado, varios países latinoamericanos han tomado medidas en torno a las políticas destinadas a evitar saltos en el valor de los combustibles, con el afán de reducir sus respectivos déficit fiscales o redirigir recursos para ayudas sociales.
La persistente amenaza al suministro petrolero global derivado de la guerra en Medio Oriente, provocando un alza internacional en el precio del crudo, ha vuelto a poner este tipo de medidas sobre el tapete, tal como ocurrió en Chile con la determinación anunciada este martes por el Gobierno de José Antonio Kast. En la región -recientemente y previo al conflicto bélico- habían tomado acciones en esa línea otras administraciones de derecha, como la de Rodrigo Paz en Bolivia y Daniel Noboa en Ecuador, aunque en la vereda de enfrente también han seguido la tendencia, como fue el caso de Gustavo Petro en Colombia.
El precio de los combustibles no ha sido un tema fácil para el Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Cuando llegó al poder, el país -que produce crudo pero es importados neto de diésel y gasolina- tenía un gran problema fiscal relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual generó una deuda millonaria en el Estado.
En ese contexto, decidió aumentar gradualmente el valor de la gasolina para reducir la deuda, sin dejar de entregar el subsidio al diésel. Eso proceso había terminado en febrero, cuando anunciaron la primera reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente obligó a cambiar los planes.
Petro publicó en X, que en estas circunstancias se veían en la necesidad de crear un sistema intensivo de subsidios a fertilizantes, producto que también va al alza por el conflicto bélico. En ese marco, el mandatario planteó que “no se podrá generar subsidios a la gasolina y si esta aumenta su precio internacional, también subirá en Colombia” y agregó que el subsidio que proporciona el Gobierno de Colombia al diesel se limitará exclusivamente al transporte de carga.
En diciembre de 2025, un mes después de asumir como Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró en el país una “emergencia económica y social”, tomando la determinación de poner fin a los subsidios a los combustibles con el fin de contener el déficit fiscal y enfrentar un desabastecimiento que la nación arrastraba desde 2024, en un contexto de escasez de dólares.
En ese entonces, la medida provocó un aumento de 86% en el precio de la gasolina y un alza de más de 160% en el precio del diésel, calificando como uno de los ajustes de precios de la energía más abruptos en la historia reciente del país, que es un importador neto de combustibles. La política desató una rápida reacción social, con bloqueos y protestas de organizaciones gremiales que exigían revertir la decisión. Ante la presión, el Gobierno alcanzó un acuerdo que mantuvo el nuevo esquema anunciado anteriormente, pero incorporó medidas de compensación, además de otros apoyos sociales.
En septiembre de 2025, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel con el objetivo de fomentar un ahorro anual de 1,100 millones de dólares que serían destinados a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional. La política generó un incremento en el precio de los combustibles de 1.80 a 2.80 dólares por galón.