La investigación judicial sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra suma un nuevo capítulo. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que permite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ampliar el examen de sus cuentas bancarias y las de varias personas de su entorno, al considerar que la autorización judicial resulta excesivamente amplia y puede vulnerar derechos fundamentales.
En el recurso presentado por su abogado, Víctor Moreno, la defensa solicita que se suspenda cautelarmente la ejecución de la resolución mientras el magistrado resuelve la impugnación y reclama que cualquier ampliación de la información financiera quede sometida a una autorización judicial específica.
El origen del recurso se encuentra en la resolución dictada la pasada semana por el juez instructor, que autorizó a la Policía Nacional a recabar información bancaria y a “ampliar la información que se considere pertinente” respecto de diversas cuentas relacionadas con la investigación.
Entre los titulares de esas cuentas figuran el propio Zapatero, sus hijas Alba y Laura, su secretaria Gertrudis Alcázar, el empresario Julio Martínez Martínez —también investigado en la causa— y varias sociedades mercantiles vinculadas al procedimiento. Para la defensa del expresidente, esa habilitación concedida a la UDEF carece de límites suficientemente definidos y dificulta tanto el control judicial como la supervisión de las partes personadas.
Según el escrito, una autorización de carácter tan genérico puede desembocar en una investigación “prospectiva”, es decir, en una búsqueda indiscriminada de posibles indicios sin una delimitación concreta del objeto investigado.
Operaciones económicas durante más de seis años.
El recurso sostiene que el volumen de información solicitado supone acceder prácticamente al universo de las operaciones económicas de varias personas durante más de seis años. La defensa recuerda que entre los afectados no solo se encuentra el expresidente, sino también sus hijas, su secretaria y otras personas cuya participación en el procedimiento resulta distinta, por lo que considera desproporcionado el alcance de la medida.
A juicio del abogado, el análisis indiscriminado de esa documentación puede afectar al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales si se examina información ajena al objeto concreto de la investigación. Por ello, reclama que cualquier información adicional que la UDEF considere necesaria deba solicitarse previamente al juez mediante una autorización específica.
Otro de los puntos centrales del recurso afecta al periodo cronológico objeto de investigación. La defensa considera injustificado que la resolución permita obtener información bancaria hasta la actualidad cuando los hechos investigados se circunscriben, según argumenta, a operaciones que como máximo alcanzarían diciembre de 2025. Por ese motivo solicita que el requerimiento quede expresamente limitado hasta esa fecha, evitando así incorporar movimientos financieros posteriores que, en su opinión, carecerían de relación con el procedimiento.
Zapatero también cuestiona que el juez haya autorizado el acceso a las comunicaciones internas mantenidas entre las entidades financieras y sus clientes. Su abogado solicita expresamente que esa parte del requerimiento quede anulada al entender que amplía innecesariamente el ámbito de la investigación y afecta a información especialmente sensible.
Una pieza reservada para proteger la intimidad
El magistrado acordó igualmente abrir una pieza separada y reservada donde se custodiará toda la información bancaria obtenida durante las diligencias. El objetivo de esa decisión consiste en preservar la intimidad de los investigados y eliminar aquellos datos que resulten irrelevantes para la causa. La defensa considera acertada la creación de ese espacio reservado, pero discrepa sobre el procedimiento previsto para filtrar la documentación.
Solicita que sea el letrado de la Administración de Justicia, bajo la supervisión directa del juez, quien determine qué información debe conservarse y cuál debe excluirse, en lugar de dejar ese proceso exclusivamente en manos de la unidad policial. Asimismo, reclama que se establezcan criterios claros para ese “expurgo” documental y que los informes policiales incorporen tanto los elementos que puedan respaldar la investigación como aquellos que resulten favorables para los investigados.
El recurso también alude al riesgo de que información especialmente sensible termine siendo conocida públicamente. La defensa sostiene que durante la instrucción ya han aparecido en diversos medios documentos incorporados al procedimiento y considera que la obtención de datos bancarios incrementa la posibilidad de que información perteneciente al ámbito privado acabe siendo difundida. Por ello insiste en reforzar las garantías de confidencialidad sobre toda la documentación financiera.
Todas estas diligencias se enmarcan en la investigación que dirige el juez José Luis Calama sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.@mundiario