Homicidios, abuso sexual, violación, lesiones graves y privación ilegal de la libertad forman parte de los delitos investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán en centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos o “granjas”, durante los últimos cinco años.
La información forma parte de una respuesta de la FGE a una solicitud de acceso vía transparencia, en la que detalla que de 2020 a 2025 la dependencia abrió al menos 20 carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en estos establecimientos.
Los datos complementan lo publicado por el Diario el pasado 7 de junio, cuando se dieron a conocer las anomalías identificadas por personal de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) durante inspecciones realizadas en estos lugares.
Entre los hallazgos figuraban deficiencias sanitarias, operativas y de infraestructura, lo que evidenció problemas en las condiciones de funcionamiento de varios de estos establecimientos.
En cuanto a lo penal, tan solo en Mérida, la Fiscalía reportó 17 carpetas de investigación durante ese periodo por delitos como abuso sexual, violación, homicidio, amenazas y privación ilegal de la libertad. Cinco de esos expedientes fueron abiertos en 2024.
Homicidios en anexos
En el interior del estado se documentaron cuatro homicidios calificados ocurridos dentro de anexos: uno en Tizimín, en 2020; otro en Tekax, en 2024, y dos más en 2025, en Kanasín y Umán.
Las direcciones encargadas de litigar los casos ya judicializados informaron que durante 2025 se llevaron a proceso tres carpetas por privación ilegal de la libertad y una por lesiones graves.
Además, reportaron cuatro carpetas judicializadas por homicidio calificado en la zona regional a lo largo del período analizado.
De todos esos casos, la Fiscalía documentó una sola sentencia, dictada en 2020.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión también confirmó tres carpetas judicializadas por privación ilegal de la libertad cometida dentro de estos centros, sin que hasta la fecha se haya dictado alguna sentencia.
En 2021 la FGE realizó un aseguramiento en el centro de rehabilitación Grupo Sangre Renovadora, de Kanasín. En ese entonces, el Diario informó que el encargado del establecimiento era investigado por presuntos abusos sexuales contra jóvenes internadas.
En marzo de 2025 el gobierno de Yucatán anunció la instalación del Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones.
Integrantes del organismo
El organismo está integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones.
Durante su instalación, las autoridades señalaron que “uno de los puntos más importantes en los acuerdos, fue garantizar que estos centros operen bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos”.
En respuesta a preguntas realizadas por el Diario, la Secretaría de Salud informó que a un año de la instalación de este comité, ha supervisado 20 establecimientos mediante 23 visitas de inspección, en las que se “detectaron áreas de oportunidad y se emitieron recomendaciones para fortalecer la infraestructura, los procesos de atención y el cumplimiento de la normatividad vigente”.
La dependencia indicó que todos los establecimientos permanecen “bajo seguimiento técnico”.
Cuando se detectan irregularidades que corresponden al ámbito de competencia de otras autoridades, éstos son notificadas para que determinen las acciones procedentes, agregó.
Los establecimientos cuentan con un período aproximado de tres meses para atender las observaciones, y posteriormente la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones realiza visitas de seguimiento para verificar su atención.
Medidas administrativas
Respecto a posibles clausuras o sanciones, se explicó que su función consiste en realizar acciones de “supervisión, fomento y seguimiento”, mientras que corresponde a las autoridades competentes determinar las medidas administrativas o legales cuando se detectan incumplimientos.
También confirmó que se han identificado establecimientos que presuntamente operan al margen de la normatividad, casos que fueron turnados a las instancias correspondientes para las acciones que procedan.
Se buscó a la Codhey, otro integrante de la Comisión, la cual señaló que participa como observadora en supervisiones a estos centros y no tiene facultades para inspeccionarlos directamente ni para comenzar procedimientos en su contra, debido a que operan como establecimientos privados.
La Codhey precisó que no cuenta con estadísticas sobre violaciones a derechos humanos dentro de estos establecimientos, ya que la legislación únicamente le permite conocer de presuntas violaciones cometidas por autoridades estatales o municipales. No obstante, informó que da seguimiento a los casos difundidos públicamente y vigila que las autoridades competentes realicen las inspecciones con apego a los derechos humanos.— MANUEL GARRIDO PÉREZ