Todos los poderes, incluso aquellos que nos han servido de referencia para defender nuestro derecho a la libertad, han sentido alguna vez la tentación de matar al mensajero.
En 1787, Thomas Jefferson dejó escrita una de las defensas más célebres de la libertad de prensa. En una carta a Edward Carrington sostuvo que, si tuviera que elegir entre “un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno”, no dudaría en preferir lo segundo.
Dieciséis años después, ya como presidente, Jefferson mostró la otra cara del poder. En 1803 escribió al gobernador de Pensilvania, Thomas McKean, que no había que perseguir a toda la prensa, porque parecería persecución. Bastaba con actuar contra unos cuantos para que los demás entendieran el mensaje.
Como ven, este problema de la relación entre la verdad, la prensa y el poder es eterno. Incluso quienes construyeron algunas de las grandes referencias de la libertad moderna sintieron, cuando tuvieron el poder en sus manos, la tentación de decidir qué voces debían ser castigadas. Matar al mensajero, o al menos disciplinarlo, es una tentación mucho más antigua que cualquiera de nuestros gobiernos contemporáneos.
Y pocas cosas han demostrado mejor el poder del miedo y de la censura que una lista. La historia del siglo XX dejó uno de sus ejemplos más claros precisamente en Estados Unidos.
El mundo empezó a ir mal cuando, en Estados Unidos, todo Hollywood, los intelectuales y los políticos comenzaron a temblar por una lista.
Eran los años duros de la posguerra y del comienzo de la Guerra Fría. Harry Truman ocupaba todavía la Casa Blanca, antes del relevo que llevaría a Dwight Eisenhower a la Presidencia. Fue entonces cuando un senador republicano de Wisconsin llamado Joseph McCarthy, de quien después se conocerían sus graves problemas con el alcohol, convirtió la búsqueda de los enemigos de Estados Unidos en una cruzada política. Primero apuntó hacia el Departamento de Estado.
En febrero de 1950 aseguró tener en sus manos una lista con los nombres de 205 comunistas infiltrados en el gobierno estadounidense. Nunca pudo demostrar semejante acusación. Poco importó. Para entonces, la lista ya había empezado a circular y funcionar.
La acusación era sencilla: ser comunista, haber sido comunista, simpatizar con ellos, colaborar con ellos o, simplemente, resultar sospechoso. Bastaba el señalamiento. El mundo tembló.
Lillian Hellman, compañera durante décadas de Dashiell Hammett y autora teatral de enorme éxito, escribió sobre aquella época un libro que todavía hoy permanece como uno de los testimonios señeros de lo que ocurre cuando los pueblos se vuelven locos y convierten la disparidad de criterio, el pensamiento diferente o la simple posibilidad de creer que aquello que está enfrente puede ser mejor que lo que uno tiene en una forma de traición. Lo llamó Tiempo de canallas.
Hellman retrató aquel mundo en el que su compañero, Dashiell Hammett, autor de Cosecha roja, amigos y contemporáneos, grandes directores de cine como Elia Kazan, y guionistas como Dalton Trumbo quedaron atrapados en el clima de sospecha, delación y persecución de la época. No todos reaccionaron de la misma manera. Hammett se negó a proporcionar información y terminó en prisión.
Trumbo, uno de los Diez de Hollywood, fue condenado por desacato, encarcelado y obligado durante años a escribir sin poder firmar con su propio nombre. Kazan tomó el camino contrario: después de negarse inicialmente a proporcionar nombres, acabó colaborando con el Comité de Actividades Antiestadounidenses y señaló a antiguos compañeros.
Aquella fue una época en la que muchos tuvieron que refugiarse en el alcohol, esconderse, desaparecer profesionalmente y convivir, metafóricamente, con las cucarachas dentro de las alcantarillas de la sociedad norteamericana para sobrevivir a las listas, a las acusaciones y al miedo.
Conviene solamente hacer una precisión: la persecución de Hollywood había comenzado antes de que McCarthy alcanzara notoriedad nacional y estuvo directamente relacionada con las investigaciones del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes y con las listas negras de los propios estudios. Pero McCarthy terminó dando nombre a toda una época. El macartismo se convirtió en algo mucho más grande que McCarthy: una forma de señalar primero y preguntar después.
Antes, mucho antes, durante la guerra contra el fascismo y el nazismo, otra lista pasó a la posteridad y consiguió que, décadas más tarde, se produjera una de las mejores películas de todos los tiempos: La lista de Schindler.
De nuevo, el terror, el señalamiento, los nombres y la búsqueda aparecían alrededor de una lista. Solo que, en este caso, servía para salvar vidas. Oskar Schindler consiguió proteger a alrededor de mil judíos del sistema de persecución y exterminio nazi, especialmente mediante el traslado de trabajadores desde P?aszów hasta su fábrica en Brünnlitz. La historia real es más compleja que la película y en realidad la lista que importaba no era la de Oskar Schindler.
Las listas que importaban eran las de las SS y las de todo el aparato burocrático del Tercer Reich. Las que contenían nombres y más nombres. Las que identificaban, clasificaban, perseguían, deportaban y condenaban a millones de seres humanos.
A lo largo de la historia ha habido otras muchas listas. Por eso resulta curioso, importante y motivo de reflexión preguntarse qué significa que Luisa María Alcalde sea hija del abogado Arturo Alcalde y de Bertha Luján. Su madre fue histórica colaboradora de Andrés Manuel López Obrador, contralora general del Distrito Federal durante su gobierno, una de las fundadoras de Morena, secretaria general del partido entre 2012 y 2015 y posteriormente presidenta de su Consejo Nacional.
Luisa María Alcalde fue una de las jóvenes animadoras – con gracia y desparpajo – de los primeros años del movimiento, secretaria del Trabajo del profeta López Obrador, después secretaria de Gobernación, más tarde presidenta nacional de Morena. Qué milagros tiene la vida para que la semana pasada, en su calidad actual como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, apareciera desde Palacio Nacional para poner encima de la mesa algo que inevitablemente vuelve a recordarnos el significado político de una lista. No la defensa del Estado frente a unos canallas que intentan boicotearlo. No la identificación de delincuentes buscados por la justicia. No una relación de prófugos. La lista de los incómodos.
El 12 de agosto, durante el espacio conocido como Derecho de Réplica, Alcalde presentó desde Palacio Nacional lo que el gobierno describió como una “red de amplificación digital” contra la Cuarta Transformación. El esquema estaba dividido en distintas capas: 54 cuentas de medios y comentaristas, 32 cuentas de personalidades públicas, 34 cuentas anónimas o de ataque y, finalmente, un llamado “anillo de amplificación” integrado por 560 mil 520 cuentas que el gobierno identificó como bots y a las que atribuyó 22 millones de publicaciones.
Ahí estaban los nombres: periodistas, medios, comentaristas, políticos, expresidentes y adversarios.
La lista de los que pueden considerarse incómodos.
Por supuesto que pueden existir bots. Por supuesto que pueden existir campañas coordinadas. Por supuesto que puede haber operaciones políticas destinadas a amplificar artificialmente determinados mensajes. Nadie razonable debería negar esa posibilidad.
La pregunta es otra. ¿Qué significa que sea el poder político, desde Palacio Nacional, el que clasifique públicamente a periodistas, medios, comentaristas y opositores como integrantes de una red que opera contra el gobierno? ¿Qué se pretende hacer con esa información?
Porque una cosa es estudiar el comportamiento de las redes sociales y otra muy distinta es que el Estado exhiba desde el centro del poder los nombres de aquellos a quienes considera parte de una estructura política o mediática contraria a su proyecto. Es desde el gobierno que Sheinbaum encabeza donde se exhibe una clasificación pública de periodistas, medios y adversarios políticos.
¿Cambio legal y estructural? Sí. Porque todo esto ocurre, además, en medio de una transformación del marco de telecomunicaciones y de la discusión sobre los derechos de las audiencias. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó expresamente esos derechos y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ha sido una de las principales voces del gobierno para defender el nuevo modelo.
El gobierno insiste en que no existe censura y en que se trata simplemente de garantizar derechos constitucionales. Puede ser. Pero una cosa es analizar cada medida por separado y otra muy distinta observarlas todas juntas: las nuevas reglas, la regulación de los derechos de las audiencias, el espacio gubernamental de Derecho de Réplica y, ahora, la exhibición pública de quienes supuestamente participan en una red contra la ‘Cuarta Transformación’.
La pregunta es hasta dónde puede llegar. Mejor no iniciar el barómetro del miedo, porque es posible que en algún lugar de Palacio Nacional –quizá algún jefe de asesores, quizá algún consejero o alguien que quiere demasiado mal a la presidenta– la haya convencido de que este es el tiempo, el lugar y el momento adecuados para desencadenar un especial y particular tiempo del terror en el segundo piso de la ‘4T’.
Porque los gobiernos siempre creen que pueden controlar los instrumentos que crean. Hasta que dejan de poder hacerlo.
Es verdad que la justicia es lenta. Es verdad que, muchas veces en México, parece que antes llega la muerte que la justicia. Pero resulta muy curioso que, de golpe, ahora las fiscalías conozcan detalles.
Resulta que la policía sabe dónde están aquellos que han sido investigados y que pueden tener causas pendientes. Resulta que ahora sí aparecen expedientes, domicilios, denuncias y órdenes de aprehensión.
Resulta que en cuestión de horas se puede localizar y detener a dos altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México señalados por su presunta participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros. Uno de ellos, Raúl Piña Horta, no era precisamente un desconocido en la política: fue diputado federal por el Partido Verde y, según información publicada tras su detención, había sido secretario particular de Jorge Emilio González Martínez durante su etapa al frente del PVEM. Es decir, durante años se movió en el corazón mismo del Partido Verde.
¿Y qué cree usted? En cuestión de días ya estaban ante la justicia y sujetos a medidas cautelares. Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense sostienen que la presunta red obligaba a propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales para mantener sus operaciones e incluso habría utilizado facultades administrativas para amenazar con afectar concesiones e infraestructura. Las acusaciones son graves. También hay que decirlo con claridad: son imputaciones dentro de procesos judiciales y no sentencias definitivas.
No era, entonces, que no tuviéramos justicia. No era que aquí nunca se encontraran los malos. No era que las fiscalías fueran incapaces de investigar. No era que la policía no supiera dónde buscar.
Cuando el Estado quiere investigar, investiga. Cuando quiere encontrar, encuentra. Cuando quiere detener, detiene.
Y esto ocurre mientras otros expedientes políticos avanzan también con una velocidad que inevitablemente llama la atención. Ahí están, entre otros, los casos recientes de Ernesto Ruffo, histórico panista y primer gobernador de oposición al PRI en Baja California, detenido y sujeto a prisión preventiva por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y contrabando de combustible. También está el caso de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero formado políticamente durante décadas en el PRI y posteriormente llegado al poder con el PRD, detenido en agosto en el marco de las nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. Ambos enfrentan procesos judiciales y ambos conservan, naturalmente, su presunción de inocencia.
No quiero pensar que, en cualquier país del mundo, la gente tienda a igualar el marcador. Es decir, no quiero decir: tres de Morena y tres de los demás. Eso tampoco sería justicia.
La justicia no consiste en detener a un panista y compensarlo después deteniendo a un morenista. Ni en encarcelar a un priista para demostrar imparcialidad. La justicia debería significar exactamente lo contrario: que el partido, el apellido, la cercanía con el poder o el lugar que una persona ocupa en el tablero político resulten irrelevantes.
Pero esa es precisamente la pregunta. ¿Se está utilizando la misma vara con todos? ¿Existe la misma velocidad y el mismo entusiasmo cuando las denuncias apuntan hacia quienes pertenecen al movimiento gobernante? ¿La misma capacidad de investigación? ¿La misma disposición para llegar hasta las últimas consecuencias?
Porque resulta muy curioso que, cuando aparecen adversarios, antiguos opositores o personajes políticamente incómodos, de pronto el Estado mexicano demuestra una extraordinaria capacidad para encontrar expedientes, reconstruir hechos y ejecutar órdenes.
Y mi pregunta es: ¿estarán haciendo también una fiscalía especial para los delitos cometidos por los miembros de Morena?
No estoy diciendo que no existan investigaciones contra personajes vinculados al oficialismo. Existen. Lo que pregunto es si se les persigue con la misma intensidad, la misma velocidad y publicidad.
Porque ahí está la diferencia. Dígame usted, querido lector, con esas condiciones, ¿cómo va a dormir en paz?
Si usted cometió el error —o el delito de alta traición— de haber sido en algún momento panista o priista, de pertenecer a la oposición, de criticar al gobierno o simplemente de no haberse convertido a tiempo en un fiel seguidor de la secta de Andrés Manuel, tiemble. Preocúpese. Porque usted puede estar en riesgo.
Porque, tal como están las cosas, esto corre el peligro de dejar de parecer simplemente el cumplimiento de la ley para comenzar a parecer una depuración entre los traidores a la verdadera fe. Aquella en la que solo existe una interpretación correcta de la realidad. Una sola razón. Una sola verdad. Como si el camino, la verdad y la vida política siguieran radicando en La Chingada. Y como si solo existiera una manera de estar en el lado correcto de la historia.
Por eso las listas siempre han importado y deberían importarnos también ahora.
Al final, en todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, las listas no han sido otra cosa que una prueba de fuego: un intento de ordenar la realidad desde el poder, de separar a los obedientes de los incómodos, a los útiles de los prescindibles. Y frente a eso, la única respuesta digna no es el silencio ni el miedo, sino la terquedad de seguir pensando, escribiendo y preguntando, aunque el nombre de uno acabe, inevitablemente, en la lista equivocada.