Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación por delitos en materia de hidrocarburos contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del exPresidente Andrés Manuel López Obrador.
La dependencia también negó que tenga testigos protegidos cuyos señalamientos permitan iniciar una indagatoria contra López Beltrán.
“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la #FGR señala que dicha información es falsa”, publicó en su cuenta de X.
“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, agregó la FGR.
El pronunciamiento ocurre después de que López Beltrán informó el jueves pasado que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país.
Aparecen referencias en carpeta de investigación
Sin embargo, en la investigación por contrabando de combustible contra el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna no se menciona por su nombre a Andrés Manuel López Beltrán, pero sí aparecen referencias al “hijo del Presidente” y a “Andy”.
Las referencias fueron realizadas por dos marinos que ocuparon cargos de dirección o subdirección en Aduanas. Uno de ellos posteriormente se convirtió en testigo protegido y el otro rindió su declaración en calidad de testigo.
Ambos señalaron que Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, identificado como supuesto enlace de los hermanos Farías en operaciones de huachicol en las aduanas, fue quien les hizo menciones al “hijo del Presidente” o a “Andy”.
El primero en hacer una referencia fue el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien posteriormente se convirtió en testigo protegido con el nombre clave “Santo”. La mención aparece en un escrito que entregó el 13 de mayo de 2025 a la Fiscalía.
En ese testimonio, incluido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, Torres relató que contactó a Solano después del aseguramiento del buque Challenge Procyon, con 10 millones de litros de presunto huachicol fiscal en Tampico, el 19 de marzo del año pasado.
“La gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el Secretario de Seguridad (Omar García) Harfuch y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”, relata el testigo protegido.
El otro testimonio corresponde a Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, quien declaró el pasado 27 de febrero ante la FGR dentro de la misma carpeta de investigación.
En su declaración, relató que en marzo de 2025 permitieron la descarga de combustible presuntamente de contrabando del buque Torm Agnes en esa aduana de Sonora.
Debido a que inicialmente no se autorizaría la descarga de los hidrocarburos, Soto señaló que se comunicó con “El Capitán Sol”, quien le respondió que hablaría con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Y acusan que EU indaga a mandataria de BC
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, perdió su visa en mayo pasado y ahora se reveló que es investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con el semanario ZETA de Tijuana.
En esa misma condición estaría su exesposo y excoordinador de Proyectos Estratégicos en el Gobierno de Baja California, Carlos Torres Torres.
El semanario ZETA de Tijuana confirmó la existencia de la investigación con fuentes en Estados Unidos, luego de la difusión de cuatro audios en los que la Mandataria habla sobre reuniones con agencias estadounidenses y sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad.
“Siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo (sic) y otros, con vínculos a crimen organizado”, respondió al semanario ZETA un contacto en Estados Unidos, al ser consultado sobre los delitos que se investigan.
En un audio difundido la semana pesada, un supuesto agente estadounidense plantea a la Mandataria la posibilidad de firmar un testimonio de colaboración para coadyuvar con autoridades estadounidenses.
El Gobierno de Baja California rechazó que la Gobernadora haya firmado un acuerdo de colaboración. Jesús Romandía, secretario particular de la Mandataria, declaró a ZETA que “no firmó ningún documento”.
La propia Gobernadora ha dicho que desconoce si existe una investigación en su contra y ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto.
Al darse a conocer los audios, la Mandataria dijo que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al ex Gobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable.
HLL