La concentración de viviendas y el elevado valor del mercado inmobiliario han convertido al Valle de México en uno de los principales focos de despojo de propiedades en el país.
Tan solo la Ciudad de México y el Estado de México representan el 29.3 por ciento de los 17 mil 912 casos de dicho delito registrados a nivel nacional en el primer semestre, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Ese tipo de delito se ha incrementado y mucho. Si hablamos que hoy por hoy se realizan alrededor de 4 mil denuncias, de las cuales por lo menos el 60 por ciento, sí son despojo efectivo, estamos llegando a 2 mil 400 denuncias por año, lo cual es escandaloso para una ciudad como la capital”, advirtió Miguel Antonio Saucedo Ramírez, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados.
Lo más grave, matizó Saucedo Ramírez, es que solamente se resuelven 6 por ciento de los casos de despojo, debido a la falta de recursos por parte de las víctimas, la tardanza de los procesos legales y la pasividad de las fiscalías.
Despojo, la puerta de entrada a los fraudes inmobiliarios
“El despojo es el primer acto para después cometer un fraude inmobiliario que quien primero tomó posesión con documentos apócrifos, luego busca la forma de intentar ‘legalizarlos’ con falsificaciones, alteraciones, datos falsos, suplantaciones de personas, hasta obtener una resolución de algún juez”, detalló Saucedo Ramírez.
Además de la falsificación de documentos, otras formas de iniciar un despojo son mediante la actuación violenta con amenazas o uso de la fuerza.
En los primeros siete meses del año, el Estado de México lidera la incidencia de despojos con 2 mil 841 casos; le sigue la Ciudad de México con 2 mil 409; Guanajuato, con mil 72; Puebla, con 960, y Veracruz, con 900 ilícitos.
Ante ese panorama, fue a finales de julio cuando el gobierno capitalino presentó su “Estrategia contra el despojo de Inmuebles para la defensa del patrimonio de las familias”, la cual busca reformar el Código Penal de la Ciudad de México para elevar las penas hasta 22 años de prisión a quienes incurran en despojos.
En dicho acto, encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, también se anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló que este año se han asegurado 265 inmuebles por despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios, y 94 personas fueron detenidas en flagrancia.
Sin embargo, el foco rojo se extiende más allá de los límites de la capital, afectando a municipios mexiquenses como Tecámac, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl.
“El fenómeno en esos lugares se da incluso en desarrollos habitacionales donde, cuando ya estaba muy avanzada la obra, llegaron grupos sociales y lograron invadir más de mil 200 departamentos construidos que estaban a punto de venderse”, relató el litigante.
Uno de los flancos débiles de las víctimas de despojo es la falta de prevención, es decir, no mantener la situación jurídica de la propiedad debidamente regularizada y actualizada. En muchos casos, también se carece de una inscripción vigente en el Registro Público de la Propiedad (RPP) que permita acreditar legalmente quién es el legítimo propietario.
“La estadística que nosotros manejamos es que 8 de cada 10 operaciones presentan algún tipo de inconveniente en un proceso de compraventa como no contar con la escritura completa, la falta de pago del predial, no tener a su nombre el pago de servicios públicos”, advirtió Diana Sandoval, directora general de Kallify, plataforma especializada en brindar seguridad jurídica en la comercialización de vivienda.
El panorama empeora ya que, según Sandoval, el 14 por ciento de las viviendas habitadas en México pueden estar invadidas o en medio de un juicio de sucesión testamentaria, es decir, ocupadas pero sin sustento jurídico al 100 por ciento.
Recomendaciones para evitar ser víctima de despojo
Entre las principales recomendaciones de Kallify para evitar ser víctima de este delito destaca el mantener actualizada la situación jurídica del inmueble, lo que implica verificar que la escritura esté inscrita y que los datos del titular, la ubicación, la superficie y los antecedentes coincidan con el folio registral, además de regularizar oportunamente compraventas, sucesiones, copropiedades, cancelaciones de hipoteca y cualquier inconsistencia pendiente.
También es necesario activar las alertas inmobiliarias o registrales disponibles en la entidad federativa correspondiente, conservar las escrituras y documentos originales en un lugar seguro, así como generar copias certificadas y digitales de consulta.
A la par, se debe verificar la procedencia de gestores e intermediarios en caso de una compraventa, mientras que en propiedades desocupadas conviene programar visitas periódicas, mantener comunicación con vecinos y considerar el uso de alarmas o videovigilancia.
Por último, se aconseja actuar ante la primera señal de alerta si se detectan cambios registrales, documentos desconocidos, actividad inusual o personas que se ostenten como propietarias, reuniendo evidencia, verificando inmediatamente la situación registral y solicitando asesoría especializada.