¿Qué propone la Ley de Pobreza de Tiempo? Nueva legislación que se analiza en el Senado

El Economista 19 Aug, 2026 08:05

¿Qué propone la Ley de Pobreza de Tiempo? Nueva legislación que se analiza en el Senado

México podría dar un paso importante con una nueva legislación enfocada en su totalidad en el bienestar y en el balance vida-trabajo. En el Senado se promueve la creación de la Ley General para la Prevención y Erradicación de la Pobreza de Tiempo (LGPEPT), una iniciativa que ya fue turnada a Comisiones para su análisis.

La nueva legislación busca ofrecer un marco regulatorio con nuevas obligaciones para el Estado y empresas para erradicar la carencia de tiempo originada por la acumulación excesiva de cargas de trabajo, las tareas de cuidados y los tiempos prolongados de traslados, según la propia definición de la Ley propuesta.

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Uno de los ejes de la nueva Ley es la creación de un Índice Nacional de Pobreza de Tiempo (INPT), un indicador estadístico elaborado por el INEGI que permitirá conocer la dimensión de la población que carece de tiempo para satisfacer necesidades básicas, como descanso, cuidado personal, recreación y convivencia, debido a la “saturación de jornadas”.

El segundo pilar de la LGPEPT es el diseño de una Estrategia Nacional contra la Pobreza de Tiempo, una política pública del Estado que tendrá al menos tres componentes:

Consolidación de una red nacional y universal de servicios públicos de cuidados
Rediseño integral de los sistemas de transporte masivo metropolitano para optimizar los flujos de movilidad
Campañas permanentes de concientización social sobre la corresponsabilidad en el hogar y la salud mental derivada del descanso

La Ley para la Erradicación de la Pobreza de Tiempo contempla que la autoridad laboral emita normas oficiales mexicanas y lineamientos de inspección para la desconexión digital. También establece la obligación, junto con las dependencias de educación y salud, promover “la cultura del descanso biológico, la ergonomía temporal y la protección de los ritmos circadianos de la población trabajadora y estudiantil”.

En el caso de los empleadores, la LGPEPT incluye una disposición que les prohíbe, tanto a patrones privados como públicos, “requerir la atención de llamadas, correos electrónicos, mensajes o tareas operativas” fuera de la jornada laboral pactada.

“La violación sistemática a las disposiciones de desconexión digital e invasión del tiempo de descanso dará lugar a las inspecciones extraordinarias y sanciones administrativas”, indica el artículo 11 de la Ley para la Erradicación de la Pobreza de Tiempo.

Desconexión digital como derecho laboral básico

El diputado José Braña Mojica (PVEM), promotor de la nueva legislación, presentó junto con este proyecto una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer el derecho a la desconexión digital.

La reforma a la LFT plantea incluir en las obligaciones de los empleadores el respeto de la desconexión digital fuera de la jornada laboral; es decir, abstenerse de enviar “comunicaciones, requerimientos o instrucciones de trabajo a través de medios digitales” después del horario de trabajo.

También se propone que las empresas diseñen políticas de desconexión digital en acuerdo con trabajadores y sindicatos, y cuenten con sanciones administrativas para conductas de “hostigamiento digital o invasión sistemática del tiempo de descanso”.

“En México, la pobreza de tiempo no es un desajuste individual de gestión de agenda, sino una condición estructural de desigualdad que afecta desproporcionadamente a las mujeres, a la clase trabajadora precarizada y a los habitantes de las periferias metropolitanas”, afirma el diputado Braña Mojica en el proyecto.

Además de la modificación a la Ley Federal del Trabajo, la creación de la LGPEPT implica modificar ordenamientos legales sobre movilidad e igualdad de género, para reconocer el Principio de Mitigación de la Pobreza de Tiempo como criterio para el diseño de infraestructura vial, y el concepto de Corresponsabilidad en el Tiempo de Cuidados como el conjunto de acciones “orientadas a redistribuir equitativamente el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”.

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