La obligación de denunciar una agresión machista puede convertirse en una herramienta de protección, pero también en una barrera para algunas mujeres que buscan ayuda. Esa es la compleja conclusión de una nueva revisión científica publicada en The Lancet, que analiza el impacto de las políticas que fuerzan a los profesionales sanitarios a informar a la justicia cuando detectan violencia de pareja, incluso si la víctima no desea hacerlo.
El trabajo, elaborado por investigadoras de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Harvard y London School of Economics, pone sobre la mesa un debate que enfrenta dos principios fundamentales: la necesidad de proteger a las mujeres ante una violencia que puede poner en riesgo sus vidas y el derecho de las supervivientes a decidir sobre el proceso que quieren iniciar.
La revisión analiza 28 estudios internacionales y concluye que existe una “evidencia fuerte” de que la denuncia obligatoria puede generar consecuencias negativas para determinadas víctimas. Sin embargo, sus autoras también señalan una importante limitación: no existen suficientes investigaciones que permitan determinar si esta medida aumenta la seguridad de las mujeres o reduce la reincidencia de los agresores.
Entre los testimonios recogidos aparecen mujeres que describen la intervención automática del sistema judicial como una experiencia traumática añadida. Algunas aseguran que se sintieron empujadas a enfrentarse a procesos para los que no estaban preparadas, con miedo a represalias de sus parejas o exparejas y sin contar con recursos económicos, vivienda alternativa o apoyo suficiente.
La denuncia obligatoria abre un debate sobre la autonomía de las víctimas
La especialista Avni Amin, responsable de la unidad de Derechos, Igualdad y Bienestar de la OMS, sostiene que muchas mujeres necesitan primero un espacio seguro para decidir cómo actuar. Según explica, algunas víctimas viven bajo un control extremo por parte del agresor, con vigilancia de sus movimientos, dependencia económica o temor a que una denuncia desencadene una reacción violenta.
Para Amin, la prioridad debería ser que los servicios sanitarios acompañen a las mujeres, faciliten apoyo psicológico, asesoramiento legal y recursos prácticos que permitan preparar una salida segura de la relación. La investigadora insiste en que denunciar puede ser un paso decisivo, pero no siempre es el primer paso que una víctima está preparada para dar.
Los testimonios analizados reflejan también otro temor frecuente: que el contacto con la justicia termine perjudicándolas en cuestiones como la custodia de sus hijos, su situación laboral o su estabilidad familiar. Algunas supervivientes explican que acudir a un centro médico buscando ayuda acabó desencadenando un proceso que sentían fuera de su control.
En España, este debate tiene una particularidad: la violencia de género está considerada un delito público. Esto significa que los profesionales que tienen conocimiento de una posible agresión están obligados a comunicar los hechos a la autoridad judicial, aunque la mujer no quiera presentar una denuncia.
España mantiene un modelo basado en la detección sanitaria
La legislación española establece que los sanitarios deben informar cuando existen indicios de violencia física o psicológica. Los protocolos del Sistema Nacional de Salud contemplan la elaboración de partes de lesiones e informes médicos que pueden convertirse en pruebas fundamentales durante una investigación judicial.
Para Altamira Gonzalo, jurista feminista y socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, eliminar esta obligación supondría un retroceso en la protección conseguida durante años. Según explica a El País, el problema no está en que el sistema sanitario active mecanismos de ayuda, sino en mejorar la respuesta policial y judicial para garantizar que las víctimas estén protegidas cuando dan ese paso.
La abogada defiende que el informe médico puede ser una herramienta clave porque aporta una prueba objetiva procedente de una institución independiente. En muchos casos, explica, una de las mayores dificultades para las mujeres que denuncian es demostrar una violencia que suele producirse en la intimidad del hogar.
Los datos del Sistema Nacional de Salud muestran que la vía sanitaria tiene un peso relevante en la detección de estos casos. En 2022 se registraron miles de situaciones relacionadas con violencia de género a través de historias clínicas y partes de lesiones. Desde 2009, los informes médicos han representado una parte significativa de las comunicaciones realizadas ante las autoridades.
Un conflicto entre protección y confianza en el sistema
El estudio de The Lancet no plantea únicamente cambiar una norma, sino revisar cómo se acompaña a las víctimas. Sus autoras defienden modelos en los que la mujer reciba información completa y pueda participar en las decisiones sobre cuándo y cómo acudir a la justicia.
La investigación advierte además de que la denuncia obligatoria puede afectar especialmente a colectivos vulnerables, como mujeres migrantes en situación irregular, que pueden tener un miedo añadido a relacionarse con las instituciones públicas.
Desde el ámbito médico, profesionales como María R. Blasco, coordinadora del grupo de trabajo de atención a la mujer de Semergen, recuerdan que los sanitarios tienen la obligación ética de comunicar determinados delitos. A su juicio, no hacerlo podría dejar a una paciente en una situación de riesgo mayor.
El dilema, por tanto, permanece abierto: ¿debe prevalecer la obligación de intervenir cuando existe sospecha de violencia o debe garantizarse que sea la propia mujer quien decida cuándo iniciar el camino judicial? La revisión de la OMS no ofrece una respuesta definitiva, pero sí plantea una advertencia: proteger a las víctimas no consiste únicamente en activar mecanismos legales, sino también en garantizar que esos mecanismos no se conviertan en una nueva fuente de miedo.
La organización internacional prepara nuevas recomendaciones para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran la denuncia obligatoria una barrera de protección frente al silencio y quienes alertan de que, sin confianza y acompañamiento, algunas mujeres pueden dejar de pedir ayuda precisamente cuando más la necesitan. @mundiario