La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012. En un giro de 180 grados a la dinámica que el proceso había tenido desde sus inicios, en 2015, el tribunal determinó que los reclamos de los demandantes no se ajustan al derecho argentino y que los estatutos societarios no generan un vínculo contractual directo entre el Estado y los accionistas minoritarios. El caso regresará ahora al juzgado de primera instancia para que la jueza Loretta Preska revise su decisión. Al promediar la rueda, las acciones de Burford se derrumbaban más de 40%, mientras las de YPF subían cerca de 5%.

Con el fallo comienza a cerrarse un capítulo cuyos orígenes se remontan a los tiempos del menemismo y la ola privatizadora. Hay que ir al a década de los 90, a la presidencia de Carlos Menem, para comenzar a entender la historia. El gobierno peronista decidió avanzar, así como lo había hecho con otras empresas, con la privatización de la petrolera. El traspaso a manos de Repsol se concretó en 1993 cuando el Estado vendió casi la totalidad del capital de la empresa y listó sus acciones en Nueva York.

El acuerdo contenía una cláusula que pasó desapercibida por entonces, pero que resultaría clave luego: cualquier actor que tomara el control debía realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, a un precio fijado por una fórmula preestablecida. Esa disposición, pensada para proteger a los accionistas minoritarios, sería el punto de partida luego del litigio que tendría al país contra las cuerdas.

El 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner tomó el control del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, que recibió finalmente una compensación de unos 5,000 millones de dólares. El problema que daría origen al litigio fue la decisión de ignorar el artículo 7° del estatuto, que obligaba a quien adquiriera más del 15% de la empresa a lanzar una OPA para el resto de los accionistas.

Petersen Energía y el fondo Eton Park Capital no recibieron esa oferta. Además, el Estado suspendió el giro de dividendos, lo que empujó a Petersen a la quiebra, al no poder pagar los créditos con los que habían financiado su compra accionaria. Con las empresas Petersen declaradas en quiebra en España, el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid identificó que el único activo valioso era el derecho a demandar a la Argentina. Ante la falta de recursos para financiar el litigio, abrió un concurso. Burford Capital ganó la subasta con una oferta de apenas 15 millones de euros y se quedó con el 70% de cualquier eventual indemnización. También financió la demanda de Eton Park. El fondo buitre inició formalmente la demanda en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York.. En marzo de 2023 la jueza Loretta Preska Nueva York emitió un fallo de responsabilidad que fue un revés total para la Argentina.

La magistrada determinó que el Estado era responsable ante Petersen y Eton Park por no haber lanzado la OPA en 2012; que YPF, en cambio, quedaba eximida de responsabilidad; y que los argumentos argentinos para reducir los daños eran inválidos.

En septiembre de 2023 Preska determinó que la fecha exacta de la estatización fue el 16 de abril de 2012 y aceptó el cálculo de intereses propuesto por los peritos de Burford, a una tasa del 8% anual y dictó la sentencia definitiva: Argentina debía paga una condena total de 16,100 millones de dólares. En Enero de 2024 la Argentina apeló la sentencia, pero no presentó ninguna garantía económica para suspender su ejecución mientras tramitaba el recurso.

En consecuencia, el 11 de enero de 2024 la jueza Preska habilitó a Burford a avanzar con la ejecución del fallo, permitiendo la búsqueda de activos del Estado argentino que pudieran ser embargables en suelo estadounidense. Con los intereses acumulados desde 2023, la deuda ya rondaba los 18,000 millones de dólares al momento de los alegatos de apelación. En junio de 2025, la jueza Preska ordenó que la Argentina transfiriera el 51% de las acciones de YPF al Banco de Nueva York Mellon como pago parcial de la sentencia. Sin embargo, en julio la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió esa orden. En paralelo, el gobierno de Donald Trump se presentó como amicus curiae ante la Cámara en favor de Argentina.

Este 27 de marzo, en un desenlace inesperado, la Cámara de Apelaciones revocó íntegramente la condena.