Ciudad Juárez.- Desde la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable en el Congreso del Estado, se analiza una propuesta para elevar las penas de cárcel por maltrato animal.
De acuerdo con la reforma al artículo 365 del Código Penal del Estado, contempla imponer una pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice actos de maltrato en contra de cualquier animal de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro su vida. La legislación actual estipula una pena de cárcel de seis meses a un año.
En tanto, la modificación al artículo 366 señala de 2 a 6 años de prisión y multa de 300 a 600 veces el valor diario de la UMA, al que dolosamente cometa actos de maltrato en contra de algún animal de compañía, causándole la muerte. Si el acto se comete con métodos crueles, se aumentará la pena hasta en una mitad. Al momento, el articulado dispone una pena de seis meses a 2 años.
Aparte, cuando las conductas se cometan en contra de animales adiestrados para labores de seguridad pública, protección civil, rescate o cualquier otra función de servicio a la sociedad, y estos pierdan la vida o sufran lesiones graves en cumplimiento de su deber, la pena se incrementará hasta en una mitad adicional.
Las multas impuestas respecto de los delitos cometidos en este Título se aplicarán al Fondo Estatal de Bienestar Animal del Estado, explica la propuesta enviada para su estudio legislativo.
La propuesta que se presenta es compatible con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 constitucional, que exige que toda pena sea acorde con la gravedad del delito y el bien jurídico afectado, asegura la exposición de motivos.
El bien jurídico tutelado en estos casos es la vida y el bienestar de seres sintientes cuya protección ha sido reconocida por nuestra propia constitución. “El aumento de penas resulta idóneo para fortalecer la prevención general, necesario ante la insuficiencia de las sanciones actuales y proporcionales en sentido estricto, pues se ubica dentro de los márgenes que otras legislaciones nacionales e internacionales ya contemplan. No se trata de un endurecimiento irracional o desmedido, sino de una actualización coherente con el nuevo marco constitucional y con la exigencia social de justicia”, indica.