José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a plantar batalla en los tribunales por el alcance de la investigación del caso Plus Ultra. El expresidente del Gobierno ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que excluya de la causa la rama relativa a sus actividades económicas y contactos políticos en Bolivia. La defensa considera que el juez instructor, José Luis Calama, y la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) han ido más allá de los hechos que justificaron inicialmente su imputación y advierte de que mantener ese criterio puede convertir la investigación en una “patente de corso” para escrutar toda su actividad profesional.
El recurso, que deberá revisar la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, llega después de que Calama rechazara la petición de Zapatero de devolver a la Policía Nacional un informe sobre sus operaciones en Bolivia. El magistrado sostuvo que el expresidente no está “blindado” frente a la aparición de nuevos hechos presuntamente delictivos durante una instrucción, y concluyó que los datos incorporados por la UDEF eran relevantes para las pesquisas.
El abogado Víctor Moreno Catena sostiene que la Policía ha realizado una investigación general sobre Zapatero que se extiende a toda su actividad profesional, cuando los indicios que dieron lugar a su imputación estarían vinculados específicamente al rescate de Plus Ultra y a las supuestas operaciones de tráfico de influencias relacionadas con la aerolínea.
La defensa considera especialmente problemática la ingente cantidad de información personal obtenida durante los registros autorizados judicialmente. Según el recurso, en el auto que permitió el registro de su despacho se autorizó la incautación de “información masiva (conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, agendas, documentación bancaria, documentos privados de cualquier naturaleza, etc.), que permiten trazar con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.
Desde esa perspectiva, Zapatero sostiene que la interpretación defendida por el juez podría permitir que, una vez obtenida esa información, cualquier actividad personal o profesional aparecida en ella terminara incorporándose al procedimiento. De ahí que su defensa señala que, la resolución del juez que niega desactivar la rama de Bolivia, “puede constituir una verdadera patente de corso para que la investigación se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”.
No es la primera vez que el expresidente cuestiona el alcance de las pesquisas. En agosto recurrió también la autorización concedida por Calama para ampliar el rastreo de sus cuentas bancarias y las de personas de su entorno, al considerar que una habilitación genérica podía favorecer una investigación prospectiva.
La UDEF sitúa el foco en 200.000 euros
El origen de la controversia sobre Bolivia se encuentra en un informe de la UDEF que atribuye a Zapatero la recepción de 200.000 euros abonados en tres partes entre 2024 y 2025 a través de Focus Social Research. Los investigadores sostienen que esos pagos estarían relacionados con gestiones realizadas ante autoridades bolivianas en favor de intereses del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con litigios millonarios en Bolivia por competencia desleal contra una cementera estatal.
Según el informe policial, el dinero se habría canalizado mediante un contrato de asesoramiento con Focus Social Research. La UDEF cuestiona que existieran servicios efectivos para esa sociedad y considera que el contrato habría servido para justificar los pagos. Los investigadores relacionan además las transferencias con los contactos mantenidos por Zapatero con dirigentes y altos cargos bolivianos del Gobierno de Luis Arce, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) seguía en el poder.
Entre los elementos analizados figura también una comunicación de mayo de 2025 en la que Zapatero habría indicado a su secretaria que había que intentar hablar con el entonces presidente boliviano. La Policía vincula esos contactos con las gestiones relacionadas con el Grupo Gloria, en los que sitúa a los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado.
Una investigación que trasciende Plus Ultra
La tesis policial sostiene que estos hechos podrían apuntar a una dinámica más amplia de intermediación e influencias ejercida por Zapatero. En uno de sus informes, la UDEF llega a plantear la existencia de una supuesta organización criminal liderada por el expresidente y dedicada, según su hipótesis, a obtener beneficios mediante contactos e influencias.
La defensa rechaza de plano ese planteamiento. “Afirmar que hay una red con fines delictivos y luego emprender la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red alberga un razonamiento falaz”, alega el recurso del letrado. El texto también reclama que la investigación permanezca vinculada a los hechos concretos que motivaron la intervención judicial, ya que entiende que el presunto delito de tráfico de influencias por el que se investiga al expresidente “se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”.
Calama, sin embargo, ya ha rechazado que exista “una investigación prospectiva” sobre la vida de Zapatero. En su resolución sostuvo que la información utilizada por la Policía procedía de fuentes obtenidas con autorización judicial y que su análisis no excedía el marco de la instrucción. @mundiario