No hay carga más injusta que la que recae sobre quien trabaja, produce y cumple. Hoy, mientras millones de mexicanos sostenemos al país con impuestos, cuotas y servicios menos eficientes y más caros, el Gobierno presume todo tipo de apoyos, ayudas y dádivas en una sola palabrita: “bienestar”. Pero, ¿para quién? Una cruel estrategia que ya rebasa un billón de pesos al año. El problema no es ayudar, el problema es haber convertido el apoyo social en instrumento político, en premio a la lealtad y en negocio electoral.
En un país con 22.5 millones de puestos afiliados al IMSS, el padrón de beneficiarios de programas sociales alcanza los 42.9 millones: casi dos beneficiarios por cada trabajador formal registrado. ¿Les dice algo?
La cifra retrata una deformación de fondo: mientras la clase productiva carga con impuestos, cuotas y topes —como el de las utilidades y las horas extras— que castigan su esfuerzo y mutilan la esperanza de alcanzar una vida más digna, el Gobierno expande una maquinaria asistencial que no siempre distingue entre necesidad real, conveniencia política y puro clientelismo.
Por otro lado, nos quieren vender la falsa idea de que la clase trabajadora está viviendo su mejor momento porque se ha incrementado el salario mínimo. Pero bien que saben que ese beneficio solo llega a una minoría y no a los que sostienen la economía, y que para nada ha resuelto la precariedad laboral.
Y mientras los salarios contractuales intentan subir para mitigar tantos topes a los ingresos puestos por los legisladores y por los charros traidores, viene otro gran peso: la carga fiscal —que a veces muerde más del 30 por ciento del sueldo— y junto con la inflación evaporan cualquier incremento salarial, teniéndonos en pobreza laboral.
Por eso, aunque el Gobierno presuma aumentos, para millones de trabajadores el avance no se traduce en prosperidad, sino apenas en contención. Y mientras el ingreso productivo pelea por no rezagarse, el Gobierno sigue creciendo a costa de quienes sí trabajan, cotizan y tributan.
Así la desigualdad y la injusticia de la 4T: mientras que a la clase trabajadora la exprimen, la colapsan y la castigan, las autoridades se dan el lujo de regalar el dinero. Desde 2019, el Gobierno convirtió los apoyos sociales en el corazón de su modelo político. Arrancaron con 291 mil millones de pesos; hoy ya cuestan más de un billón al año. El aumento no es marginal: es de 244 por ciento. Ya no se trata de una política social para atender una urgencia, sino de una obligación sostenida por la clase productiva, ampliada sexenio tras sexenio y blindada por su rentabilidad electoral.
Y, por si no bastara con exprimir fiscalmente al sector productivo nacional, el gobierno todavía encuentra espacio para voltear al exterior con una generosidad que mínimo la clase trabajadora no entendemos y por supuesto no hemos visto con nuestras familias. El caso de Cuba retrata bien la contradicción: sólo entre 2023 y 2025, los envíos de crudo y petrolíferos sumaron casi mil 500 millones de dólares. Mientras aquí se le pide paciencia al trabajador que vive apretado entre el ISR, las cuotas, la inflación y el deterioro hospitalario, allá sí aparecen barriles, combustibles y ayuda humanitaria. La pregunta de fondo es inevitable, ¿de verdad no había una mejor prioridad para esos recursos?
Para el trabajador mexicano, austeridad; para los gobiernos afines, petróleo y ayuda.
@CarlosPavonC