El crecimiento económico no siempre se traduce en una mejora de las condiciones de vida. Madrid representa esa contradicción: mientras la región mantiene su posición como una de las grandes locomotoras económicas del país, una parte de sus habitantes encuentra cada vez más dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El problema no se limita a quienes carecen de empleo, sino que alcanza también a personas que trabajan y destinan buena parte de sus ingresos a pagar un techo.
El acceso a la vivienda es uno de los factores que mejor explican esta brecha social. Según el Informe 2026 de pobreza y exclusión social de Comisiones Obreras (CC OO), más del 40% de la población madrileña que vive de alquiler se encuentra en situación de pobreza.
El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que cerca de dos millones de personas, el 28,2% de los habitantes de la región, residen en viviendas arrendadas. El sindicato sostiene que quienes pagan un alquiler tienen 3,9 veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza que quienes viven en una vivienda en propiedad.
Esta diferencia evidencia que disponer de ingresos no garantiza una estabilidad económica suficiente. Cuando una parte considerable del salario se destina a la renta mensual, queda menos dinero para alimentación, suministros, transporte o atención sanitaria. La vivienda deja así de ser únicamente una necesidad básica para convertirse también en un factor que puede agravar la vulnerabilidad económica.
Menos pobreza estadística, pero más dificultades cotidianas
El informe cifra en 1.370.000 las personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Madrid durante 2025. La tasa Arope, el indicador europeo que mide esta situación, descendió del 20,9% al 19,4%, uno de los registros más bajos de la etapa de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno regional.
Sin embargo, la evolución de otros indicadores muestra una realidad menos favorable. La proporción de madrileños que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días aumentó del 2,8% al 4,6% desde el inicio de la legislatura. Además, cuatro de cada diez personas declararon tener algún grado de dificultad para llegar a fin de mes en 2025.
También creció la carencia material y social severa, que pasó del 3,2% al 5,5% en un año. Este indicador refleja las dificultades para acceder a bienes, servicios y actividades esenciales, incluso entre personas que no cumplen los criterios de pobreza por ingresos.
Para CC OO, estas cifras apuntan a un empobrecimiento que no siempre se refleja en las estadísticas salariales. La falta de recursos afecta al ocio, la alimentación y el bienestar familiar, con diferencias territoriales que también se manifiestan en la esperanza de vida.
Las ayudas sociales, bajo la lupa
La capacidad de respuesta de las administraciones constituye otro de los puntos señalados por el sindicato. Según el estudio, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital alcanza los 733,6 euros en 2026, mientras que la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid se sitúa en 469,9 euros.
CC OO también advierte de una fuerte reducción de las familias beneficiarias de esta última prestación: de unas 22.000 hace cuatro años a solo 492, según los datos recogidos en el informe.
La conclusión plantea un desafío que va más allá de reducir una tasa anual de pobreza. Si el empleo no basta para afrontar el coste de la vivienda y los gastos esenciales, la prosperidad económica pierde capacidad para traducirse en seguridad cotidiana. El reto para Madrid consiste en que su crecimiento también se refleje en hogares con mayor estabilidad, especialmente entre los jóvenes, las familias con menores y quienes dependen del alquiler. @mundiario