Gobierno apuesta por expandir la vivienda en renta y ordenar la autoproducción

El Economista 16 Apr, 2026 09:00

Gobierno apuesta por expandir la vivienda en renta y ordenar la autoproducción

Tras la publicación del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, el gobierno federal definió dos apuestas clave para ampliar el acceso a la vivienda en el país. Busca expandir el mercado de renta con reglas claras y actualizar el marco normativo para la autoproducción, modelo que predomina en la edificación de hogares en México.

De acuerdo con Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estas líneas se complementan con la meta de construir 1.8 millones de viviendas nuevas para población de bajos ingresos durante el sexenio.

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“Nuestra política nacional de vivienda no es el programa de Vivienda para el Bienestar únicamente. Por supuesto es muy importante, es un proyecto prioritario, pero tenemos muchas más cosas que hacer para atender”, declaró durante el foro Los Nuevos Retos de la Vivienda.

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Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la SedatuEspecial.

Formalizar y expandir la renta

Durante su participación, la funcionaria ubicó el mercado de vivienda en renta como uno de los problemas estructurales del sector habitacional, en un contexto en el que más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad.

Esta condición limita el acceso al financiamiento formal y deja fuera del modelo tradicional a millones de personas.

“Es una falla estructural del sistema. Durante muchos años se diseñaron instrumentos para trabajadores formales y se olvidó a quienes no podían acceder”, afirmó.

Actualmente, el mercado de renta representa apenas 16% del parque habitacional, una proporción insuficiente frente a la demanda. A esto se suma la falta de regulación clara.

“Necesitamos revisar cómo atender el tema de la renta porque en muchos países es el principal mecanismo de acceso (habitacional)”, apuntó.

El rezago se acentúa por factores generacionales, ya que en México el acceso al crédito suele concretarse después de los 35 años y con plazos de hasta dos décadas, lo que extiende la dependencia de esquemas de renta.

Ante este escenario, el gobierno federal impulsa modelos como la renta con opción a compra, enfocados principalmente en jóvenes. No obstante, Díaz Duarte subrayó que el reto va más allá.

“Necesitamos reglas claras, protección al inquilino, certeza y eso también requiere políticas públicas”, dijo.

Además de la renta, la funcionaria identificó otros problemas estructurales del sector, como la falta de acceso al crédito para población en informalidad, los cambios en la composición de los hogares, el rezago en la regularización de la propiedad —con altos niveles de viviendas sin escrituras— y las carencias en los componentes que definen una vivienda adecuada, como servicios, entorno y ubicación.

Regular la autoconstrucción

En paralelo, el gobierno federal busca atender otro componente central del sistema habitacional, la autoproducción de vivienda.

Este modelo, mediante el cual las familias construyen sus propias viviendas de forma progresiva, representa más de 60% del parque habitacional en México. Sin embargo, ha operado durante décadas sin un marco normativo sólido.

“Es un gran olvido en la parte técnica. Cada gobierno local tiene reglamentos para vivienda nueva, pero no hay guías para la autoproducción”, señaló Díaz Duarte.

Por ello, el Programa Nacional de Vivienda incorpora este tema dentro del eje de armonización normativa, que contempla la actualización del código de edificación de vivienda.

La propuesta busca incluir criterios de vivienda progresiva, lineamientos técnicos y estándares mínimos de seguridad estructural, con el fin de acompañar un proceso que ya ocurre en la mayoría del país.

“Necesitamos garantizar que la autoproducción tenga condiciones mínimas, como seguridad de estructura”, indicó.

Además de la armonización normativa, el programa se articula en otros ejes, como la coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno y sector privado, la reducción del déficit habitacional —con énfasis en población de bajos ingresos— y el ordenamiento territorial con enfoque sostenible.

En este diagnóstico también se inserta el concepto de vivienda adecuada, que tras la reforma constitucional del 2024 sustituyó la noción de vivienda digna. Este enfoque incorpora elementos como el acceso a servicios básicos, la ubicación, la seguridad estructural, la asequibilidad y la adecuación cultural. Sin embargo, la funcionaria reconoció que aún existe un rezago en su definición a nivel legal y en su implementación en política pública.

En este sentido, Díaz Duarte indicó que uno de los pendientes es incorporar estos componentes en la Ley de Vivienda, ya que actualmente el concepto está reconocido en la Constitución, pero no cuenta con una definición operativa en la legislación secundaria. El tema ya se encuentra en análisis en el Poder Legislativo.

Un modelo en ajuste

Las medidas planteadas forman parte de un rediseño de la política de vivienda que busca atender tanto la falta de acceso al financiamiento como la realidad de cómo se construyen la mayoría de los hogares en el país, bajo un esquema de coordinación entre el Estado y el sector privado.

“Ni puede el mercado solo, ni puede el Estado solo. Este es un tema de coordinación”, añadió.