Así es. Cada día el animal crece y resulta imposible esconderlo bajo el tapete. Acabará destrozando la casa; en este caso, el gobierno de Libia García. Las evidencias se desbordan.
La concesión de la ignominia se estrenó con una licitación para una carretera clasificada como A2 que incumple las medidas básicas. Mal desde el saque. De 3 metros de acotamiento reglamentario para una vía de altas especificaciones y de cuota, decidieron que estos solo midieran 2.50. Una “insignificancia” que permite ahorrarse un metro de construcción a lo largo de 52.17 kilómetros. Una pequeña trampa con consecuencias en materia de seguridad.
Luego vino el proceso amañado: una licitación diseñada para que ganara la empresa favorita. Se estableció como requisito un capital social mínimo de 1,800 millones de pesos, que eliminó de tajo a todas las constructoras de Guanajuato, con excepción de la elegida.
En junio de 2024 había 14 participantes activos. En solo dos meses 13 abandonaron el proceso. ¿Se dieron cuenta de que la baraja estaba marcada? Esta exclusión aniquiló la competencia, que es precisamente la esencia de una licitación.
La consecuencia fue inevitable: la falta de puja. Al quedar un solo postor, las ventajas para el ganador se multiplicaron mientras las pérdidas para el gobierno menudeaban. Por el “activo” de la autopista Guanajuato-Silao, se ofertó una contraprestación mínima y ridícula: apenas 107 millones de pesos y el 0.50 % de los ingresos anuales. Por esa razón, de cada peso que recibe el erario, el consorcio capta 297. El concesionario se llevó nuestra autopista a precio de ganga, al decidirse por concesionar, en lugar de declarar desierto el concurso. ¿No hay daño patrimonial? Hagamos cuentas: el estado recaudará 39 millones de pesos en 30 años, mientras la contraparte privada se embolsará 11,572 millones de pesos.
Más descaro, para garantizar un licitante único, comprimieron los tiempos entre el inicio del procedimiento y la entrega final de propuestas a solo 88 días. Únicamente una empresa contaba con información privilegiada para preparar y escribir programas, proyectos y proposiciones complejas, a un ritmo imposible de 130 folios por día. En el descaro total, la Secretaría de Obras (SICOM) evaluó la oferta a la velocidad de un relámpago: procesaron 11,421 fojas, entregadas en siete cajas —incluyendo anteproyectos de ingeniería y modelos financieros— a razón de 336 páginas diarias… ¡en tan solo 34 días! Así, estos “superdotados” funcionarios lograron entregar la concesión multimillonaria, exactamente el último día del gobierno del infausto Diego Sinhue.
La gobernadora electa afirma que no sabía nada sobre las concesiones y que se enteró a través de los libros blancos de la entrega-recepción. Ante tal secretismo, las suspicacias explotaron y se esparcieron; la maquinación que llevó a cabo su antecesor para ocultarlo todo, evidencia dolo. ¿Y dónde quedan la Secretaría de la Honestidad y sus facultades de control, vigilancia y auditoría?
De cara al colectivo de Resistencia Ciudadana, Libia propuso la única salida digna: una auditoría que arbitre el conflicto. Para ser seria, ésta debe cumplir con las reglas internacionales INTOSAI-ISSAI 5220 sobre contratos y concesiones público-privadas. El ente auditor requiere independencia real, experiencia internacional, capacidad multidisciplinaria y solidez para cuantificar daños.
Sin embargo, ahora recula. Pretenden sustituir la auditoría por una simple “evaluación” segmentada en varios temas, conducida desde el Instituto de Planeación del Estado (IPLANEG). Peor aún: los mismos funcionarios truculentos de este modelo de concesión secreto y retorcido, son quienes gestionan con el Instituto este estudio desarticulado, propicio para ser manipulado. La banda de Juan Carlos Alcántara sigue al acecho, intentando “couchar” a la directora del IPLANEG. La investigación del crimen en manos de los delincuentes.
Pero mientras más se mueven, el elefante más crece. En plena desesperación, “Los Charlies” ordenan ataques personales contra quienes nos atrevemos a protestar ante el timo. Pero para los guanajuatenses la “tranza” es clara. ¿De verdad creen que una verificación manoseada convencerá a alguien? Solo lograrán multiplicar el enojo de la gente.
El tema es vital: implica desvelar la corrupción y denunciarla a la ciudadanía. Es un manotazo necesario para frenar las ambiciones enfermizas de políticos desleales. El oficialismo ha quedado desarmado ante una potente fuerza ciudadana que surge desde discretas organizaciones en Guanajuato capital.
Es una historia de resistencia, talento profesional y movilización audaz de personas convencidas de luchar contra quienes buscan abusar de los ciudadanos. Esta sociedad civil tiene el poder de transformar nuestra realidad. Las elecciones están cerca, el voto en el aire, el reclamo vivo y el elefante continúa en la sala.
P.D. Extiendo disculpas por reiterar este tema. Pero la lucha no puede desperdiciar este importante espacio. Agradezco su lectura.